Enviado por Accion Proletaria el
Las leyes anti-inmigrantes de Sarkozy son tan fáciles de entender como la consigna que, el pasado Febrero, dio el Ministro del Interior a sus prefectos: «Hay que incrementar el número de expulsados a la frontera».
Se abrió pues la cacería de los trabajadores clandestinos y sus familias, y este verano ya hemos visto las primeras consecuencias. Así en Julio, con el fin del año escolar, comenzó la expulsión de los estudiantes de secundaria sin papeles, mientras que el mes de Agosto se terminó con el desalojo de 500 “ocupas”, de origen africano, del edificio F de la ciudad universitaria de Cachan (Val-de-Marne), de los que la mitad se encontraban en situación irregular. Los 900 policías movilizados para ello realizaron un registro a fondo hasta dar con 66 clandestinos que fueron inmediatamente escoltados a los centros de retención de la región parisina.
Lógicamente ante ese siniestro espectáculo, las asociaciones, los sindicatos, y los partidos de Izquierda se alzaron como un solo hombre, y clamaron al unísono su indignación contra esta «indecencia política». Es más, dejándose llevar únicamente por su “buen corazón” y su “coraje”, muchos militantes y cargos electos, entre los que figuraban el portavoz de la LCR - Olivier Besancenot -, y el presidente del PCF del consejo general de Val-de-Marne - Christian Favier -, se movilizaron, y según el relato ofrecido por el diario Libération: «intentaron interponerse entre las fuerzas del orden y las familias», durante la evacuación del campamento que 200 de los desalojados habían improvisado en plena calle.
El carnaval humanista y mediático de esa izquierda “social”, disfrazada para la ocasión con sus mejores hábitos de “feroces defensores” de los inmigrantes sin papeles, nos muestra el grandioso espectáculo,… de su hipocresía. ¡Esta gentuza se cree que tenemos la misma memoria que los peces de colores! Es de sobra sabido que, hace diez años, la Izquierda “plural” (PS, PC, Verdes) prometió derogar las leyes Pasqua/Debré, con lo que suscitaron la esperanza de numerosos “clandestinos” que se aprestaron a presentar numerosas demandas de regularización. Pero ya en el gobierno, Jospin declaró, según los términos de la época que: «No hay posibilidad de papeles para todos», por lo que más de 100 mil expedientes fueron rechazados y, por tanto, otros tantos clandestinos quedaron simplemente fichados por la policía. La trampa era fácil y la izquierda la ejecutó a la perfección.
El tal Besancenot puede burlarse hoy de esa «izquierda que está incómoda», pero la llamada “Izquierda de la Izquierda” que reivindica hace exactamente lo mismo que aquella: servirse de su imagen de “protector” de los clandestinos y de la confianza que éstos depositan en ellos, para hacerles salir de la clandestinidad.
Las leyes promulgadas por Sarkozy llevan el apropiado título de “la emigración que queremos”. Se trata, en efecto, de que la burguesía deje entrar obreros de otros países de tal o cual sector, en función de las necesidades de la economía, y de devolverlos a “su tierra” una vez haya terminado el trabajo. Se trata, también, de mantenerlos siempre en un “status” de clandestino que fuerce a estos trabajadores a aceptar las peores condiciones de explotación. Esto requiere, claro está, un sistema de control policial digno del mismísimo “Gran Hermano” de George Orwell. Por ello desde finales de Agosto, se ha puesto en marcha un nuevo fichero llamado ELOI destinado a censar a los «extranjeros en situación irregular en vía de expulsión», donde constan su foto, nacionalidad, situación profesional, así como informaciones sobre «la necesidad de una vigilancia particular en lo referente al orden público», etc. Pero ¿cómo puede la policía obtener tal cantidad de informaciones y de documentos sobre unas personas que, forzosamente, tratan de pasar desapercibidos? Es muy sencillo: que sean éstos mismos quienes se los entreguen.
Para ello una circular ministerial del 13 de Junio, abría un plazo hasta el 13 de agosto, para que los «sin papeles» que tuvieran hijos escolarizados solicitaran una demanda de regularización. Nuestra “benefactora” izquierda no tardó en incitar a una gran parte de estas familias, habitualmente reacias - ¡y con razón! - a rehuir cualquier trato con la policía, a presentar, debidamente cumplimentado, este expediente.
La asociación RESF (Red Educación sin Fronteras) cuyos miembros no son otros que ATTAC, DAL, MRAP, CNT, FSU, SUD, CGT, Alternative Libertaire, LCR, PC, Verdes..., ha logrado que finalmente se presentaran en la Prefectura de Policía más de 30 mil solicitudes, de las que 24 mil han visto como se rechazaba la regularización, aunque sus datos se han incorporado, convenientemente, al fichero ELOI. ¡Qué estupenda cosecha! Tan es así que el mediador del Ministerio del Interior, Arno Klarsfeld, se sinceró el 21 de Agosto en la televisión: «Las asociaciones, como RESF tienen una responsabilidad ante las familias a las que han animado a que fueran a declarar a la Prefectura aunque sabían que no cumplían las normas de la circular. Entonces, estas personas que han sido controladas por los servicios de la policía, serán ahora detenidas y expulsados». Dejarlo así de claro le ha valido desde luego a este abogado parisino las iras de la prensa izquierdista. En efecto Klarsfeld es un novato en política, muy torpe, que aún no se ha aprendido la vieja lección de la socialdemocracia: «Estas cosas se hacen pero no se dicen nunca».
De esta manera tan repugnantemente hipócrita, las asociaciones de izquierda, los sindicatos y los trotsquistas se han aprovechado de la angustia de los clandestinos por su situación, y con el señuelo del “derecho a la regularización”, les han conducido directamente a las garras de la policía. Sarkozy, el «ministro de las expulsiones», ha encontrado en esa izquierda tan “social” y tan “humana”, a los más fieles auxiliares en su política antiobrera.
Azel (31 de Agosto de 2006).
Traducido de Révolution Internationale (publicación de la CCI en Francia) nº 371.