¡El nacionalismo (español o catalán) es el pasado! ¡La lucha de clases es el futuro!

En 1978, cuando se acordaron los Estatutos de Autonomía vigentes, la burguesía consiguió presentarlos ante la clase obrera como un producto de una lucha «por la democracia y las libertades». La estrategia política organizada por la burguesía en España, con el apoyo de sus cofrades del bloque occidental (Alemania, Francia y USA en particular), para confrontar la enorme combatividad obrera que se desarrollaba desde los años 60 en España -y en todo el mundo-, ofreciendo «libertades democráticas» a cambio de disminución de salarios (Pactos de la Moncloa), «sindicatos libres» por despidos (reconversiones, etc.), «partidos políticos» por austeridad (2 millones de parados),... en definitiva gato por liebre, llevó a muchos obreros a pensar que la «transición democrática» era el objetivo de sus luchas, cuando en realidad era el arma de la burguesía para combatirlas. Los sindicatos y partidos de izquierda recién estrenados imponían, en las manifestaciones que convocaban, consignas como la de «Llibertat, Amnistía y Estatut d’Autonomía».

Hoy con casi 30 años de perspectiva, en los que se ha podido ver el papel que han jugado los diferentes gobiernos regionales y locales en el desmantelamiento del tejido industrial, de la minería, de la siderurgia, etc., y en el sabotaje de las luchas obreras, poniendo por delante consignas regionalistas interclasistas como “salvar Asturias”, o “salvar Sagunto”, etc., por no hablar del reforzamiento del control estatal y de la represión que significa la creación de los Mossos d’Esquadra, o la Ertzaina, y del aumento desmesurado de la burocracia,... Por todo ello no es de extrañar que el debate sobre el “Estatut” de Cataluña y la reforma constitucional del Senado, no haya calado ni movilice a los obreros. Como se quejan amargamente los de Esquerra Unida i Alternativa: «no hay amplias masas en la calle reivindicando un nuevo Estatut», y más explícitamente los de El Militante: «Cuando en 1976 las luchas obreras reclamaban “Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomía”, vinculaban la lucha contra el búnker franquista instalado en el poder a los derechos democráticos políticos y nacionales y, para muchos, a la transformación socialista de la sociedad. Hoy el debate sobre la reforma del Estatut aparece ligado al tema de la financiación, y los primeros que aparecen muy interesados en el tema son los principales empresarios y banqueros catalanes. La burguesía catalana pretende obtener una parte mayor del pastel, con lo que el “más para Catalunya” no se va a convertir en ninguna “conquista” de la que se vayan a beneficiar los trabajadores» (El Militante nº 186. Edición digital, Septiembre 2005: El Estatut Catalán, ¿Más derechos sociales para los trabajadores?).

Y es que es completamente cierto que la polémica y las intrigas del Estatut de Cataluña son un asunto en el que se dirimen las pugnas entre las diferentes fracciones de la burguesía; pero eso no significa que no tenga ningún interés para el proletariado. En primer lugar porque la política de la burguesía, su estrategia, sus conflictos, el estudio del enemigo y sus maniobras, es un arma de la guerra de clases, y un elemento de la toma de conciencia del proletariado. Muchas de las obras clásicas del marxismo se han dedicado a este análisis, como por ej. El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, o los propios escritos sobre España de Marx y Engels. En segundo lugar porque precisamente grupos como El Militante, o los sindicatos radicales, se van a encargar de presentar el Estatut como una reivindicación obrera, para intentar desviar así las luchas obreras de su terreno, en una reedición de la vieja estrategia de los 70, como ya se está haciendo en SEAT.

Un conflicto entre fracciones de la burguesía...

El debate sobre el Estatut es en realidad un ajuste de cuentas entre fracciones de la burguesía; pero no únicamente ni principalmente entre la burguesía catalana y el
Estado español.

Desde bastante antes de la llegada del PSOE al gobierno en 2004, la burguesía en España - como producto de la agravación de la crisis, y de las tendencias al “sálvese quien pueda” que se agravan, tanto en la escena internacional, como al interior de cada país-, viene confrontándose a una escalada de las tendencias centrífugas de sus diferentes fracciones nacionalistas-regionalistas, que tienden a poner en cuestión el status quo al que se había llegado con la aprobación y actualización de los diferentes Estatutos de Autonomía.

Contrariamente a lo que dicen muchos grupos izquierdistas radicales, incluyendo algunos elementos y grupos anarquistas, el Estado español no es «una cárcel de pueblos», y de hecho ninguna fracción nacionalista de peso de la burguesía en España ha planteado así las cosas, ni siquiera el siglo XIX cuando aún era posible la formación de nuevas entidades nacionales;
si no que se han limitado a reivindicar sus particularismos y sus prebendas heredadas históricamente de las condiciones de desarrollo del capital español:

«... Así la vida local de España, la independencia de sus regiones y municipios, la diversidad del Estado de la sociedad, fenómenos basados originariamente en la configuración física del país y desarrollados históricamente por la diversidad de los modos cómo las distintas regiones se emanciparon de la dominación mora para formar pequeñas entidades independientes, todo eso se vio finalmente reforzado y confirmado por la revolución económica que agostó las fuentes de la actividad nacional. Y así la monarquía absoluta encontró ya en España una base material que por su propia naturaleza repelía la centralización... Como Turquía, España siguió siendo un conglomerado de repúblicas mal regidas con un soberano nominal al frente. El despotismo presentaba caracteres diversos en las distintas regiones a causa de la arbitraria interpretación de la ley general por virreyes y gobernadores; pero a pesar de ser despótico, el gobierno no impidió que subsistieran en las regiones los varios derechos y costumbres, monedas, estandartes o colores militares, ni siquiera sus respectivos sistemas fiscales...» (Marx, Engels, Revolución en España, Ed. Ariel, Barcelona 1970, Pág. 75).

El punto más álgido de esa dinámica fue la tentativa federalista de 1873-1875, el «Viva Cartagena» cantonalista que acabó en un desastre. Como ya hemos argumentado antes muchas veces (Ver AP nº 138,140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 173 y 180), el problema del Estado español es el de una mala soldadura de las diferentes partes del capital nacional, problema
que se ha agravado y no tiene solución con la decadencia del capitalismo, y menos aún en su fase
de descomposición.

En la decadencia del capitalismo es imposible la formación de nuevos marcos nacionales viables que expresen el desarrollo de las fuerzas productivas. Los Estados que se han constituido desde la 1ª Guerra Mundial son un producto de la confrontación imperialista, del reparto de zonas de influencia entre las diferentes potencias, en la época por ejemplo de la guerra fría, o bien del desmoronamiento de los bloques imperialistas como consecuencia de la entrada del capitalismo en su fase terminal de descomposición. Por eso, en nuestra época, la reivindicación de la autodeterminación sólo expresa, o bien la sobrepuja cada vez más irracional a la que conduce la agravación de la descomposición social, o simplemente un engaño para confundir y dividir a la clase obrera.

Hasta la derrota del plan Ibarretxe en las Cortes españolas el invierno pasado, el primer plano de estas querellas lo ocupaba el llamado «conflicto vasco»; los últimos meses sin embargo, ha sido el Estatut lo que ha saltado a primera plana. ¿Significa eso que efectivamente, el nacionalismo vasco se bate en retirada? Más bien al contrario; la gravedad de los envites planteados por el «plan Ibarretxe», con su propuesta de «Estado libre asociado», que es una verdadera OPA hostil contra la soberanía del Estado español en Euskadi, es lo que ha empujado al gobierno de ZP a lanzarse a la aventura de la reforma del Estatut de Cataluña.

De una forma alambicada y extremadamente difícil, lo que el Gobierno pretende con la reforma actual del Estatut es una reedición de la fórmula de «café para todos» de 1978, que permita encajar las diferentes reivindicaciones nacionalistas-regionalistas en una reforma constitucional pactada que ratifique la soberanía del Estado español. En otras palabras, el proyecto de Estatut es una tentativa de dar una vía «constitucional» a las tendencias centrífugas nacionalistas-regionalistas, de dejar aislado al PNV, mostrando que hay una vía alternativa al «plan Ibarretxe» para defender los particularismos, y acabar obligando así finalmente a aquel, a integrarse en esta «reforma».

Si en un primer momento con ocasión de la admisión del proyecto de Estatut en el Parlamento, el gobierno ha tenido que cargar las tintas en el compromiso de ZP de dar el máximo de garantías a que se respetarán los contenidos, y ZP ha coqueteado incluso con la terminología de “identidad nacional” para Cataluña en el preámbulo del Estatut; en el debate sobre la reforma del Senado han aparecido más claramente los términos de su propuesta: «El Gobierno y el PSOE han querido, en suma, aprovechar este debate para decir a la sociedad española que en materia territorial no hay bandazos ni aventuras, ni el comienzo de un nuevo periodo constituyente, sino cumplimiento y desarrollo de los pactos que permitieron alumbrar la Constitución y organizar a partir de ella un nuevo marco de convivencia» (La Vanguardia, 10.11.05), lo que ha hecho que Artur Mas declarara que: «Quizás sí que ha calmado los ánimos pero no como nosotros queríamos (...) Esa es la versión del café para todos» (ídem, 08.11.05).

Esos bandazos no son sin embargo una expresión de la finura del control de la situación por parte del Gobierno, sino más bien al revés, expresan su dificultad para nadar y guardar la ropa. Y es que las condiciones para repetir una jugada como la del 78 son absolutamente diferentes de las de entonces.

No sólo hay un aumento de las tensiones centrífugas y una disminución del margen de maniobra debido a la agravación de la crisis económica (que se está poniendo de manifiesto en torno a la negociación de la financiación y la recaudación fiscal); si no que fundamentalmente no hay, ni el apoyo internacional, ni el consenso en el seno del aparato de Estado con el que contaba la burguesía entonces.

Desde el punto de vista imperialista, como ya hemos apuntado otras veces, la situación en Euskadi ha sido un coladero de presiones al capitalismo español por parte de sus antiguos mentores, sea a través de la disponibilidad de su territorio como base de operaciones y santuario del terrorismo de ETA, como en el caso de Francia, o a través de la Iglesia y sus resortes en el País Vasco y el PNV, por lo que concierne a Alemania, o por medio de “poner a disposición” del Estado español la experiencia de “pacificación” del Ulster (vía por la que la fundación Carter, desencadenó las presiones USA cuando Lizarra). No cabe duda que la fragilidad del aparato político español es pan bendito para las tentativas de las diferentes potencias imperialistas de ganar influencia o de vengar agravios.

Y en este tema de tomar venganza, es sin duda USA quien más tiene que decir, puesto que la salida del PP del gobierno en las pasadas elecciones del 14 de Marzo ha coincidido con una corrección del rumbo de la política de apoyos imperialistas del capital español; el PSOE ha redireccionado el pro americanismo a ultranza de Aznar para priorizar la vocación «europea» (y principalmente pro alemana), y USA se ha convertido en el refugio de la dirección del PP en la sombra. Desde Nueva York el Sr. Aznar, entre clase y clase, refuerza el núcleo duro Acebes-Zaplana de su partido, y lanza todo tipo de improperios sobre el fantasma de una “balcanización” para desprestigiar la política territorial del gobierno ZP.

Esas «brasas» (en los dos sentidos) del ex-presidente del Gobierno, avivan un fuego que también prende por las condiciones en las que el PP abandonó el gobierno y que últimamente también «calientan» a una parte del aparato de Estado que está descontenta con los resultados del viraje imperialista llevado a cabo por el Gobierno. Como resultado de todo esto, en lugar de un consenso como en 1978, hay tensiones importantes entre los dos principales partidos de la burguesía en el seno del aparato del Estado.

...con graves riesgos para la estabilidad del aparato político del Estado

Toda esta operación política de la reforma del Estatut implica graves riesgos de tensiones en el aparato de Estado.

En primer lugar, respecto al nacionalismo vasco, el PNV, que es bien consciente de haber abierto la caja de los truenos («nosotros empezamos esta dinámica» ha declarado Ibarretxe en entrevista en el diario El País), va a continuar su órdago sea cual sea el resultado de la reforma. Si el Estatut se queda en «café para todos», le sabrá a descafeinado y es más que probable que aumenten las presiones del sector más radical Arzalluz-Egibar; y si significa realmente una progresión de las concesiones del Estado a las fracciones nacionalistas, tensará aún más la cuerda exigiendo nuevos planes Ibarretxe.

En Cataluña mismo, sectores de CiU (el partido de Pujol que ha ido apuntalando sucesivos gobiernos “socialistas” y “populares”) y de ERC (el partido de Companys que salvó la República Española de la amenaza obrera en Julio de 1936) se ven empujados a contentar a sus radicalizadas bases con crecientes proclamas independentistas.

En segundo lugar, la fractura entre el PP y el PSOE sobre las decisiones de Estado es gravísima teniendo en cuenta los antecedentes históricos en España, en los que la profundización de esa fractura siempre ha llevado a conflictos de envergadura. Por eso el mismísimo Sr. González ha intervenido para señalar la necesidad de no permitir que el PP quede totalmente aislado políticamente.
A la burguesía en España le ha costado muchos años y esfuerzos estructurar una derecha «democrática» moderna, y sólo ha podido conseguirlo con un gran partido que cubre todo el espectro de la derecha, desde la extrema derecha hasta los liberales y demócrata-cristianos. Ese partido ha mostrado que es capaz de funcionar con disciplina y coherencia en el gobierno, y con una dirección «caudillista». Pero el empecinamiento del PP en el discurso del nacionalismo español, de la “patria puesta en peligro por la tibieza del Gobierno con los separatistas”, que es el cemento que mantiene cohesionadas las filas “populares” tras la pérdida de las prebendas del poder, puede hipotecar la posibilidad de un recambio del PSOE del gobierno, como ya ocurrió en el pasado en las últimas legislaturas del PSOE durante los años 80, comprometiendo el juego político de la burguesía y sobre todo en su frente «de izquierdas» para el engaño y el control ideológico de la clase obrera.

Un tercer riesgo que plantea la situación es el rebrote de tensiones al interior del PSOE entre los barones. Ibarra, Bono, y el mismo presidente del partido, Chaves, que no son precisamente entusiastas de la política del gobierno con el Estatut, y en algunos casos, como los dos primeros, suscribirían incluso partes enteras del discurso del PP; hasta el extremo de que Rajoy ha podido permitirse farolear con que «le llaman» desde el PSOE.

En cuarto lugar, existe el riesgo de un contagio «independentista radical», que haga que sectores nacionalistas-regionalistas de la burguesía, que estaban relativamente encauzados en su participación en el Estado, vean la ocasión de sacar tajada de este río revuelto. Este riesgo se ilustra en la «cláusula Camps» de la reforma del Estatuto valenciano, que viene a reivindicar para todas las autonomías el techo más alto de competencias que se alcance para cualquiera; esto significa en la práctica un llamamiento a la indisciplina generalizada.

La burguesía vuelve los efectos de la descomposición
contra el proletariado

El proletariado no puede esperar ningún avance de sus luchas de esta situación de dificultad de la burguesía. Al contrario, esta agravación de las tensiones políticas en el aparato de Estado producto de la descomposición, se vuelven en su contra:

– Directamente, a través de la propaganda y la intervención de los sindicatos radicales y los izquierdistas, que tratan de implicar al proletariado llamándolo a tomar partido por el Estatut y la «autodeterminación». Así por ejemplo, la «Xarxa contra els tancaments y la precarietat» de Cataluña, que es una especie de sindicato radical de base, llama a identificar la lucha contra los despidos en SEAT, y contra la reducción de salarios y las deslocalizaciones, con la lucha por un Estatut mejor : «...defendemos un Estatut que pueda dar satisfacción a las necesidades que tienen los trabajadores de Cataluña...». Igualmente El Militante defiende un Estatut, «que sea una herramienta útil para la clase obrera» y llama a la «lucha por la autodeterminación» como «un paso al socialismo». Estos llamamientos son criminales, porque identifican los intereses obreros a los intereses nacionalistas, a la defensa de un Estatut (por más radical que se quiera) y llevan en la práctica a confiar a la burguesía la defensa de nuestras condiciones de vida. Si en la práctica, la lucha contra las deslocalizaciones, o por viviendas accesibles a los jóvenes, o por un salario digno, se plantea como la defensa de los intereses nacionalistas, estamos poniendo las luchas al servicio del reforzamiento de los empresarios y del Estado (aunque sean los representantes de las fracciones catalanistas y la porción catalana del Estado), que son precisamente los responsables de los ataques a nuestras condiciones de vida; y estamos sembrando la división y la insolidaridad en nuestras filas. Las fracciones nacionalistas de la burguesía, incluidas las catalanas, no son portadoras de un nuevo desarrollo de la economía que permita absorber el paro y aumentar los salarios; sólo reivindican su trozo de tarta de la explotación de los trabajadores. No es por los obreros de Cataluña por lo que luchan, sino por salvar sus pellejos de empresarios, burócratas o intelectuales del tres al cuarto a sueldo del Estado

– Indirectamente, a través del impacto de las campañas xenófobas que vehicula la pequeña burguesía, pero que impactan en elementos del proletariado: así ocurre con los sentimientos de agravios comparativos, que hacen ver que el consumo de agua de Aragón arruina la agricultura de Valencia, o de Murcia, o que las subvenciones sanitarias a Cataluña impiden una sanidad digna al usuario de Castilla, etc.

La lucha de la clase obrera no tiene nada que ver con los intereses nacionalistas. El proletariado no defiende la creación de nuevas fronteras, sino su abolición; no defiende los privilegios de un territorio frente a los demás, sino la solidaridad y la unidad de clase frente a todas las divisiones; no pretende una distribución más equitativa de los beneficios, sino la abolición de la ley del valor, la subordinación de la producción a las necesidades humanas: «De cada cual según su capacidad; a cada cual según su necesidad»

Hic Rhodas. 13/11/2005.