¡El nacionalismo (español o catalán) es el pasado! ¡La lucha de clases es el futuro!

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En
1978, cuando se acordaron los Estatutos de Autonomía vigentes,
la burguesía consiguió presentarlos ante la clase
obrera como un producto de una lucha «por la democracia y las
libertades». La estrategia política organizada por la
burguesía en España, con el apoyo de sus cofrades del
bloque occidental (Alemania, Francia y USA en particular), para
confrontar la enorme combatividad obrera que se desarrollaba desde
los años 60 en España -y en todo el mundo-, ofreciendo
«libertades democráticas» a cambio de disminución
de salarios (Pactos de la Moncloa), «sindicatos libres»
por despidos (reconversiones, etc.), «partidos políticos»
por austeridad (2 millones de parados),... en definitiva gato por
liebre, llevó a muchos obreros a pensar que la «transición
democrática» era el objetivo de sus luchas, cuando en
realidad era el arma de la burguesía para combatirlas. Los
sindicatos y partidos de izquierda recién estrenados imponían,
en las manifestaciones que convocaban, consignas como la de
«Llibertat, Amnistía y Estatut d’Autonomía».

Hoy
con casi 30 años de perspectiva, en los que se ha podido ver
el papel que han jugado los diferentes gobiernos regionales y locales
en el desmantelamiento del tejido industrial, de la minería,
de la siderurgia, etc., y en el sabotaje de las luchas obreras,
poniendo por delante consignas regionalistas interclasistas como
“salvar Asturias”, o “salvar Sagunto”, etc., por no hablar
del reforzamiento del control estatal y de la represión que
significa la creación de los Mossos d’Esquadra, o la
Ertzaina, y del aumento desmesurado de la burocracia,... Por todo
ello no es de extrañar que el debate sobre el “Estatut” de
Cataluña y la reforma constitucional del Senado, no haya
calado ni movilice a los obreros. Como se quejan amargamente los de
Esquerra Unida i Alternativa: «no hay amplias masas en la
calle reivindicando un nuevo Estatut»
, y más
explícitamente los de El Militante: «Cuando en
1976 las luchas obreras reclamaban “Llibertat, Amnistía,
Estatut d’Autonomía”, vinculaban la lucha contra el búnker
franquista instalado en el poder a los derechos democráticos
políticos y nacionales y, para muchos, a la transformación
socialista de la sociedad. Hoy el debate sobre la reforma del Estatut
aparece ligado al tema de la financiación, y los primeros que
aparecen muy interesados en el tema son los principales empresarios y
banqueros catalanes. La burguesía catalana pretende obtener
una parte mayor del pastel, con lo que el “más para
Catalunya” no se va a convertir en ninguna “conquista” de la
que se vayan a beneficiar los trabajadores»
(El
Militante
nº 186. Edición digital, Septiembre 2005:
El Estatut Catalán, ¿Más derechos sociales para
los trabajadores?).

Y es
que es completamente cierto que la polémica y las intrigas del
Estatut de Cataluña son un asunto en el que se dirimen las
pugnas entre las diferentes fracciones de la burguesía; pero
eso no significa que no tenga ningún interés para el
proletariado. En primer lugar porque la política de la
burguesía, su estrategia, sus conflictos, el estudio del
enemigo y sus maniobras, es un arma de la guerra de clases, y un
elemento de la toma de conciencia del proletariado. Muchas de las
obras clásicas del marxismo se han dedicado a este análisis,
como por ej. El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, o los
propios escritos sobre España de Marx y Engels. En
segundo lugar porque precisamente grupos como El Militante, o los
sindicatos radicales, se van a encargar de presentar el Estatut como
una reivindicación obrera, para intentar desviar así
las luchas obreras de su terreno, en una reedición de la vieja
estrategia de los 70, como ya se está haciendo en SEAT.

Un
conflicto entre fracciones de la burguesía...

El
debate sobre el Estatut es en realidad un ajuste de cuentas entre
fracciones de la burguesía; pero no únicamente ni
principalmente entre la burguesía catalana y el
Estado
español.

Desde
bastante antes de la llegada del PSOE al gobierno en 2004, la
burguesía en España - como producto de la agravación
de la crisis, y de las tendencias al “sálvese quien pueda”
que se agravan, tanto en la escena internacional, como al interior de
cada país-, viene confrontándose a una escalada de las
tendencias centrífugas de sus diferentes fracciones
nacionalistas-regionalistas, que tienden a poner en cuestión
el status quo al que se había llegado con la aprobación
y actualización de los diferentes Estatutos de Autonomía.

Contrariamente
a lo que dicen muchos grupos izquierdistas radicales, incluyendo
algunos elementos y grupos anarquistas, el Estado español no
es «una cárcel de pueblos», y de hecho ninguna
fracción nacionalista de peso de la burguesía en España
ha planteado así las cosas, ni siquiera el siglo XIX cuando
aún era posible la formación de nuevas entidades
nacionales;
si no que se han limitado a reivindicar sus
particularismos y sus prebendas heredadas históricamente de
las condiciones de desarrollo del capital español:

«...
Así la vida local de España, la independencia de sus
regiones y municipios, la diversidad del Estado de la sociedad,
fenómenos basados originariamente en la configuración
física del país y desarrollados históricamente
por la diversidad de los modos cómo las distintas regiones se
emanciparon de la dominación mora para formar pequeñas
entidades independientes, todo eso se vio finalmente reforzado y
confirmado por la revolución económica que agostó
las fuentes de la actividad nacional. Y así la monarquía
absoluta encontró ya en España una base material que
por su propia naturaleza repelía la centralización...
Como Turquía, España siguió siendo un
conglomerado de repúblicas mal regidas con un soberano nominal
al frente. El despotismo presentaba caracteres diversos en las
distintas regiones a causa de la arbitraria interpretación de
la ley general por virreyes y gobernadores; pero a pesar de ser
despótico, el gobierno no impidió que subsistieran en
las regiones los varios derechos y costumbres, monedas, estandartes o
colores militares, ni siquiera sus respectivos sistemas fiscales...»

(Marx, Engels, Revolución en España, Ed. Ariel,
Barcelona 1970, Pág. 75).

El
punto más álgido de esa dinámica fue la
tentativa federalista de 1873-1875, el «Viva Cartagena»
cantonalista que acabó en un desastre. Como ya hemos
argumentado antes muchas veces (Ver AP nº 138,140, 141, 143,
145, 150, 152, 154, 173 y 180), el problema del Estado español
es el de una mala soldadura de las diferentes partes del capital
nacional, problema
que se ha agravado y no tiene solución
con la decadencia del capitalismo, y menos aún en su fase
de
descomposición.

En la
decadencia del capitalismo es imposible la formación de nuevos
marcos nacionales viables que expresen el desarrollo de las fuerzas
productivas. Los Estados que se han constituido desde la 1ª
Guerra Mundial son un producto de la confrontación
imperialista, del reparto de zonas de influencia entre las diferentes
potencias, en la época por ejemplo de la guerra fría, o
bien del desmoronamiento de los bloques imperialistas como
consecuencia de la entrada del capitalismo en su fase terminal de
descomposición. Por eso, en nuestra época, la
reivindicación de la autodeterminación sólo
expresa, o bien la sobrepuja cada vez más irracional a la que
conduce la agravación de la descomposición social, o
simplemente un engaño para confundir y dividir a la clase
obrera.

Hasta
la derrota del plan Ibarretxe en las Cortes españolas el
invierno pasado, el primer plano de estas querellas lo ocupaba el
llamado «conflicto vasco»; los últimos meses sin
embargo, ha sido el Estatut lo que ha saltado a primera plana.
¿Significa eso que efectivamente, el nacionalismo vasco se
bate en retirada? Más bien al contrario; la gravedad de los
envites planteados por el «plan Ibarretxe», con su
propuesta de «Estado libre asociado», que es una
verdadera OPA hostil contra la soberanía del Estado español
en Euskadi, es lo que ha empujado al gobierno de ZP a lanzarse a la
aventura de la reforma del Estatut de Cataluña.

De
una forma alambicada y extremadamente difícil, lo que el
Gobierno pretende con la reforma actual del Estatut es una reedición
de la fórmula de «café para todos» de 1978,
que permita encajar las diferentes reivindicaciones
nacionalistas-regionalistas en una reforma constitucional pactada que
ratifique la soberanía del Estado español. En otras
palabras, el proyecto de Estatut es una tentativa de dar una vía
«constitucional» a las tendencias centrífugas
nacionalistas-regionalistas, de dejar aislado al PNV, mostrando que
hay una vía alternativa al «plan Ibarretxe» para
defender los particularismos, y acabar obligando así
finalmente a aquel, a integrarse en esta «reforma».

Si en
un primer momento con ocasión de la admisión del
proyecto de Estatut en el Parlamento, el gobierno ha tenido que
cargar las tintas en el compromiso de ZP de dar el máximo de
garantías a que se respetarán los contenidos, y ZP ha
coqueteado incluso con la terminología de “identidad
nacional” para Cataluña en el preámbulo del Estatut;
en el debate sobre la reforma del Senado han aparecido más
claramente los términos de su propuesta: «El Gobierno
y el PSOE han querido, en suma, aprovechar este debate para decir a
la sociedad española que en materia territorial no hay
bandazos ni aventuras, ni el comienzo de un nuevo periodo
constituyente, sino cumplimiento y desarrollo de los pactos que
permitieron alumbrar la Constitución y organizar a partir de
ella un nuevo marco de convivencia»
(La Vanguardia,
10.11.05), lo que ha hecho que Artur Mas declarara que: «Quizás
sí que ha calmado los ánimos pero no como nosotros
queríamos (...) Esa es la versión del café para
todos»
(ídem, 08.11.05).

Esos
bandazos no son sin embargo una expresión de la finura del
control de la situación por parte del Gobierno, sino más
bien al revés, expresan su dificultad para nadar y guardar la
ropa. Y es que las condiciones para repetir una jugada como la del 78
son absolutamente diferentes de las de entonces.

No
sólo hay un aumento de las tensiones centrífugas y una
disminución del margen de maniobra debido a la agravación
de la crisis económica (que se está poniendo de
manifiesto en torno a la negociación de la financiación
y la recaudación fiscal); si no que fundamentalmente no hay,
ni el apoyo internacional, ni el consenso en el seno del aparato de
Estado con el que contaba la burguesía entonces.

Desde
el punto de vista imperialista, como ya hemos apuntado otras veces,
la situación en Euskadi ha sido un coladero de presiones al
capitalismo español por parte de sus antiguos mentores, sea a
través de la disponibilidad de su territorio como base de
operaciones y santuario del terrorismo de ETA, como en el caso de
Francia, o a través de la Iglesia y sus resortes en el País
Vasco y el PNV, por lo que concierne a Alemania, o por medio de
“poner a disposición” del Estado español la
experiencia de “pacificación” del Ulster (vía por
la que la fundación Carter, desencadenó las presiones
USA cuando Lizarra). No cabe duda que la fragilidad del aparato
político español es pan bendito para las tentativas de
las diferentes potencias imperialistas de ganar influencia o de
vengar agravios.

Y en
este tema de tomar venganza, es sin duda USA quien más tiene
que decir, puesto que la salida del PP del gobierno en las pasadas
elecciones del 14 de Marzo ha coincidido con una corrección
del rumbo de la política de apoyos imperialistas del capital
español; el PSOE ha redireccionado el pro americanismo a
ultranza de Aznar para priorizar la vocación «europea»
(y principalmente pro alemana), y USA se ha convertido en el refugio
de la dirección del PP en la sombra. Desde Nueva York el Sr.
Aznar, entre clase y clase, refuerza el núcleo duro
Acebes-Zaplana de su partido, y lanza todo tipo de improperios sobre
el fantasma de una “balcanización” para desprestigiar la
política territorial del gobierno ZP.

Esas
«brasas» (en los dos sentidos) del ex-presidente del
Gobierno, avivan un fuego que también prende por las
condiciones en las que el PP abandonó el gobierno y que
últimamente también «calientan» a una
parte del aparato de Estado que está descontenta con los
resultados del viraje imperialista llevado a cabo por el Gobierno.
Como resultado de todo esto, en lugar de un consenso como en 1978,
hay tensiones importantes entre los dos principales partidos de la
burguesía en el seno del aparato del Estado.

...con
graves riesgos para la estabilidad del aparato político del
Estado

Toda
esta operación política de la reforma del Estatut
implica graves riesgos de tensiones en el aparato de Estado.

En
primer lugar, respecto al nacionalismo vasco, el PNV, que es bien
consciente de haber abierto la caja de los truenos («nosotros
empezamos esta dinámica»
ha declarado Ibarretxe en
entrevista en el diario El País), va a continuar su
órdago sea cual sea el resultado de la reforma. Si el Estatut
se queda en «café para todos», le sabrá a
descafeinado y es más que probable que aumenten las presiones
del sector más radical Arzalluz-Egibar; y si significa
realmente una progresión de las concesiones del Estado a las
fracciones nacionalistas, tensará aún más la
cuerda exigiendo nuevos planes Ibarretxe.

En
Cataluña mismo, sectores de CiU (el partido de Pujol que ha
ido apuntalando sucesivos gobiernos “socialistas” y “populares”)
y de ERC (el partido de Companys que salvó la República
Española de la amenaza obrera en Julio de 1936) se ven
empujados a contentar a sus radicalizadas bases con crecientes
proclamas independentistas.

En
segundo lugar, la fractura entre el PP y el PSOE sobre las decisiones
de Estado es gravísima teniendo en cuenta los antecedentes
históricos en España, en los que la profundización
de esa fractura siempre ha llevado a conflictos de envergadura. Por
eso el mismísimo Sr. González ha intervenido para
señalar la necesidad de no permitir que el PP quede totalmente
aislado políticamente.
A la burguesía en España
le ha costado muchos años y esfuerzos estructurar una derecha
«democrática» moderna, y sólo ha podido
conseguirlo con un gran partido que cubre todo el espectro de la
derecha, desde la extrema derecha hasta los liberales y
demócrata-cristianos. Ese partido ha mostrado que es capaz de
funcionar con disciplina y coherencia en el gobierno, y con una
dirección «caudillista». Pero el empecinamiento
del PP en el discurso del nacionalismo español, de la “patria
puesta en peligro por la tibieza del Gobierno con los separatistas”,
que es el cemento que mantiene cohesionadas las filas “populares”
tras la pérdida de las prebendas del poder, puede hipotecar la
posibilidad de un recambio del PSOE del gobierno, como ya ocurrió
en el pasado en las últimas legislaturas del PSOE durante los
años 80, comprometiendo el juego político de la
burguesía y sobre todo en su frente «de izquierdas»
para el engaño y el control ideológico de la clase
obrera.

Un
tercer riesgo que plantea la situación es el rebrote de
tensiones al interior del PSOE entre los barones. Ibarra,
Bono, y el mismo presidente del partido, Chaves, que no son
precisamente entusiastas de la política del gobierno con el
Estatut, y en algunos casos, como los dos primeros, suscribirían
incluso partes enteras del discurso del PP; hasta el extremo de que
Rajoy ha podido permitirse farolear con que «le llaman»
desde el PSOE.

En
cuarto lugar, existe el riesgo de un contagio «independentista
radical», que haga que sectores nacionalistas-regionalistas de
la burguesía, que estaban relativamente encauzados en su
participación en el Estado, vean la ocasión de sacar
tajada de este río revuelto. Este riesgo se ilustra en la
«cláusula Camps» de la reforma del Estatuto
valenciano, que viene a reivindicar para todas las autonomías
el techo más alto de competencias que se alcance para
cualquiera; esto significa en la práctica un llamamiento a la
indisciplina generalizada.

La
burguesía vuelve los efectos de la descomposición

contra el proletariado

El
proletariado no puede esperar ningún avance de sus luchas de
esta situación de dificultad de la burguesía. Al
contrario, esta agravación de las tensiones políticas
en el aparato de Estado producto de la descomposición, se
vuelven en su contra:

– Directamente,
a través de la propaganda y la intervención de los
sindicatos radicales y los izquierdistas, que tratan de implicar al
proletariado llamándolo a tomar partido por el Estatut y la
«autodeterminación». Así por ejemplo, la
«Xarxa contra els tancaments y la precarietat» de
Cataluña, que es una especie de sindicato radical de base,
llama a identificar la lucha contra los despidos en SEAT, y contra la
reducción de salarios y las deslocalizaciones, con la lucha
por un Estatut mejor : «...defendemos un Estatut que pueda
dar satisfacción a las necesidades que tienen los trabajadores
de Cataluña...».
Igualmente El Militante defiende
un Estatut, «que sea una herramienta útil para la
clase obrera»
y llama a la «lucha por la
autodeterminación»
como «un paso al
socialismo»
. Estos llamamientos son criminales, porque
identifican los intereses obreros a los intereses nacionalistas, a la
defensa de un Estatut (por más radical que se quiera) y llevan
en la práctica a confiar a la burguesía la defensa de
nuestras condiciones de vida. Si en la práctica, la lucha
contra las deslocalizaciones, o por viviendas accesibles a los
jóvenes, o por un salario digno, se plantea como la defensa de
los intereses nacionalistas, estamos poniendo las luchas al servicio
del reforzamiento de los empresarios y del Estado (aunque sean los
representantes de las fracciones catalanistas y la porción
catalana del Estado), que son precisamente los responsables de los
ataques a nuestras condiciones de vida; y estamos sembrando la
división y la insolidaridad en nuestras filas. Las fracciones
nacionalistas de la burguesía, incluidas las catalanas, no son
portadoras de un nuevo desarrollo de la economía que permita
absorber el paro y aumentar los salarios; sólo reivindican su
trozo de tarta de la explotación de los trabajadores. No es
por los obreros de Cataluña por lo que luchan, sino por salvar
sus pellejos de empresarios, burócratas o intelectuales del
tres al cuarto a sueldo del Estado

– Indirectamente,
a través del impacto de las campañas xenófobas
que vehicula la pequeña burguesía, pero que impactan en
elementos del proletariado: así ocurre con los sentimientos de
agravios comparativos, que hacen ver que el consumo de agua de Aragón
arruina la agricultura de Valencia, o de Murcia, o que las
subvenciones sanitarias a Cataluña impiden una sanidad digna
al usuario de Castilla, etc.

La
lucha de la clase obrera no tiene nada que ver con los intereses
nacionalistas. El proletariado no defiende la creación de
nuevas fronteras, sino su abolición; no defiende los
privilegios de un territorio frente a los demás, sino la
solidaridad y la unidad de clase frente a todas las divisiones; no
pretende una distribución más equitativa de los
beneficios, sino la abolición de la ley del valor, la
subordinación de la producción a las necesidades
humanas: «De cada cual según su capacidad; a cada
cual según su necesidad»

Hic
Rhodas. 13/11/2005.

Situación nacional: 

Herencia de la Izquierda Comunista: