Enviado por Accion Proletaria el
La situación de protestas que se abrió el pasado 7 de diciembre, luego de la salida del gobierno de Pedro Castillo, ha continuado y producto de la violencia desatada, la Fiscalía peruana indicó que, hasta el 20 de enero, había una cifra de 55 fallecidos y más de 1200 heridos. De igual manera, se mantienen hasta ahora 78 bloqueos de carreteras y acciones de protesta en 28 provincias, sobre todo en el sur del país. El pasado 15 de enero, se declaró en estado de emergencia a las regiones de Puno, Cusco, Lima y el Callao por un plazo de 30 días calendario. El actual gobierno de Dina Boluarte sigue firme en su decisión de poner “mano dura” a las protestas e iniciar investigaciones judiciales apoyándose en los aparatos de inteligencia policial, con lo cual, intenta evitar un escenario como el vivido en años recientes en países como Chile o Colombia. Por otro lado, los manifestantes reclaman la liberación del ex presidente Pedro Castillo (a quien ponen como la víctima de un golpe de Estado), la renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones y la celebración de una consulta popular para aprobar el inicio de un proceso constituyente.
En diciembre del año pasado, publicamos un artículo en nuestra prensa web, en el cual indicamos lo siguiente: “Las revueltas populares que se levantan como acciones organizadas de las facciones enfrentadas de la derecha y la izquierda burguesa, son expresión de la desesperación de estas mismas facciones por mantener o volver a controlar el Estado [dando lugar a una polarización que] ha permeado a la sociedad, con toda su carga de confusión y envenenamiento ideológico. Ejemplo de ello, son las demandas de “cierre del congreso”, “que se vayan todos”, “nuevas elecciones”, “nueva constitución”, que no son más que demandas democráticas, que solo buscan seguir manteniendo el statu quo del Estado burgués. Estas demandas, nada tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora y su proyecto histórico. Por el contrario, lo lleva al encierro en la sociedad de la explotación y las clases sociales. Ellas se alejan de aquellas demandas inmediatas, que se dan la perspectiva de defender sus condiciones de vida y que también, cumplen una función como experiencia de lucha necesaria para la maduración política de sus fuerzas. […] Aunque no dudamos que existen elementos de la clase obrera, envueltos en estas revueltas populares, que tratan de expresar su indignación frente a la decadencia de la clase política, lo hacen en un terreno que no es el suyo, donde la burguesía y la pequeña burguesía imponen sus banderas democráticas, a fin de mantener intacta la sociedad de la explotación y la defensa de sus propios intereses de lucro y ganancia gracias a la feroz explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Esos elementos de la clase trabajadora y otras capas no explotadoras se ven arrastrados por la violencia irracional y putrefacta que produce un sistema que ya no tiene más que ofrecer a la humanidad.”1
Es necesario insistir, que estas protestas han desembocado en algunas regiones del país en revueltas de carácter interclasista, donde los trabajadores son llevados a defender banderas de la pequeña burguesía, quedando atomizado y envuelto en una confrontación que está fuera de su terreno de clase. Además, en estas revueltas se han dado actitudes más identificadas con el lumpen, como el incendio de edificios, empresas, minas, ataque a buses, a ambulancias, el cobro de cupos (extorsiones en las carreteras tomadas) y lo que es peor, el ataque a muchos obreros como los de salud, obreros mineros y agroindustriales, que vieron robadas sus pertenencias o atacada su integridad física al no querer plegarse a la revuelta.
Más allá de la indignación y el resentimiento social que históricamente ha existido en provincias del sur del Perú, como Huancavelica, considerada por la Cámara de Comercio como la segunda más pobre (41.2%), seguida por regiones como Puno o Ayacucho2, y del hecho de que la ideología izquierdista ha cultivado la narrativa del derecho de las más pobres a rebelarse, de los derechos conculcados a los pueblos originarios, o de los campesinos a la tierra, lo que parece estar de fondo en toda esta situación, son las aspiraciones, hasta ahora frustradas, que aquellos sectores de la pequeña burguesía, urbana y rural, creían posibles de conseguir una vez llegado Pedro Castillo al poder, frente a la gran burguesía peruana, que posee el control no solo de actividades como alimentos, banca, construcción, minería, turismo, materiales, combustibles, educación, entre otros, con ingresos anuales en miles de millones de dólares e inversiones en gran parte de América del Sur, Europa y los USA3, sino también, posee el control político, con fuerte representación de partidos en el Congreso, además de que ha echado profundas raíces en el aparato de Estado. Es por ello, que, en algunos momentos de esta confrontación, se ha planteado como una lucha del “sur rico en recursos, pero pobre”, contra la burguesía limeña, “corrupta, excluyente y centralista”. La apropiación de los grandes recursos naturales-materiales por parte de esa burguesía limeña, es otra de las aristas que, desde hace largo tiempo, sustenta el discurso de los protagonistas de estas movilizaciones.
Los sectores de la pequeña burguesía que impulsan estas acciones de tomas de carreteras, movilizaciones y marchas en las provincias y de algunas de estas hacia Lima, se han apoyado en Asociaciones de pequeños comerciantes, Federaciones campesinas, sindicatos, gobernadores regionales, autoridades universitarias, colegios de abogados provinciales, ronderos y gremios de estudiantes, en gran parte, permeadas por la ideología izquierdista, combinada con elementos nacionalistas y regionalistas, que reflejan la defensa de los intereses particulares de estos grupos, que es, a fin de cuentas, la defensa del capital nacional.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), en el año 2021, el 25.9% de la población peruana se encontraba en situación de pobreza (8.5 millones de personas), y un 4.1% en pobreza extrema (1.3 millones de personas), tomando en cuenta que para esta medición, se consideró pobre a aquella parte de la población que tiene una capacidad mensual para adquirir una canasta de bienes y servicios inferior a 378 soles (97 US$) y en pobreza crítica, a quienes esa capacidad es inferior a 201soles (52US$)4. A esto hay que agregarle, el impacto económico de los años de la pandemia COVID-19 y más recientemente de la guerra en Ucrania. Es evidente que la crisis económica mundial castiga al conjunto de la burguesía nacional, pero con más fuerza a los sectores más vulnerables del aparato productivo, ni hablar de los informales.
Son estos hechos, los que nos llevan a plantear que estas movilizaciones constituyen una acción desesperada de aquellos sectores hundidos hasta el cuello por el deterioro progresivo de la economía, que han aspirado una mayor participación política en el aparato de Estado, y desde allí, ejercer acciones que les permitan salvaguardar sus intereses. Han aprovechado el empobrecimiento general para azuzar al espantajo de la exclusión social por razones de raza o región de origen, de la “democracia solo para unos pocos”. La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el Ministerio del Interior, han afirmado que estas movilizaciones “están financiadas por la minería ilegal, el narcotráfico y otros agentes que buscan sembrar miedo”. Además, acusa a organizaciones políticas y sindicales, como Movadef, Fenate y facciones de Sendero Luminoso, Central Única de Rondas Campesinas, SUTEP, así como a la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente.5
Por su parte, los sectores de la burguesía tradicional y sus partidos, han aprovechado también la situación, agitando la bandera de la lucha anti comunista, para que “no se repita el terrorismo en el país”, lo cual les ha dado la excusa perfecta para desatar la represión y el terror de Estado, matando dos pájaros de un solo tiro, al criminalizar también la protesta y presentar todo reclamo o reivindicación social como vandalismo. El gobierno de Dina Boluarte desplegó 11.000 funcionarios policiales para el control de las movilizaciones en esta ciudad y el 21 de enero, intervino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la principal universidad pública del país, usando un importante contingente policial, derribando la puerta principal con una tanqueta, usando también drones y helicópteros, deteniendo a 200 personas aproximadamente, muchas de ellas manifestantes que habían venido de otras regiones y se encontraban pernoctando en esa institución, enviando un mensaje claro al sector estudiantil, al que acusó de estar preparando acciones terroristas. Más allá de que aquellas organizaciones políticas y gremiales de la pequeña burguesía y de las facciones de la izquierda estén motorizando las movilizaciones e incluso, que haya un supuesto financiamiento proveniente de actividades ilegales, esto no cambia nada la posición que los trabajadores deben mantener frente a esta situación, que ilustra el impacto de la descomposición del capitalismo en la vida de la burguesía peruana.
Otra forma a través de la cual las distintas facciones de la burguesía atacan ideológicamente al proletariado, es a través de una campaña en la que se exalta el nacionalismo, la defensa de la democracia y la nación. Esto refleja otra dimensión de la crisis política, como son las acciones en las que se evidencia la competencia geopolítica en la región. El 23 de enero, la Cancillería peruana emitió un comunicado rechazando las declaraciones del presidente de Bolivia, Luís Arce, en las cuales manifestó su “apoyo a la lucha del pueblo peruano por recuperar su democracia y por elegir un gobierno que los represente”6. Hay que recordar, que el presidente del Consejo de ministros de Perú, acusó a Evo Morales de “alentar la insurrección […] y de ingresar proyectiles al Perú desde Bolivia”. Las intenciones de Pedro Castillo de favorecer a Evo Morales en cuanto al tema del acceso al mar, fueron rechazadas por la derecha peruana y apoyadas por otros gobiernos de izquierda de la región. Toda esta situación, llevó a que el gobierno peruano impidiera el ingreso de Evo Morales y de ocho funcionarios bolivianos al país.
De igual manera, la cancillería peruana, rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro7, a propósito de los sucesos ocurridos en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una de las cuestiones que más preocupaba a las facciones de la derecha peruana, era la relación con otros gobiernos de izquierda de la región, aunque aparentemente Castillo no tuvo tiempo de concretar estrategias o acciones concretas con estos, lo cual podría haber afectado los intereses que históricamente comparten la burguesía americana y peruana. Dicho interés, fue ratificado por la embajadora estadounidense, Lisa Kenna, quien reitero “el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social”. El patrioterismo es un veneno ideológico, del cual las diferentes burguesías del mundo han echado mano, en el caso peruano, no hay que olvidar que tanto la guerra del Pacifico con Chile (1879-1884), en la cual perdió la provincia litoral de Tarapacá, así como la Guerra del Cenepa (1995), por delimitación fronteriza (cuenca del río Cenepa), siguen siendo hitos o referentes de una narrativa histórica orientada a el sentimiento de pertenencia nacionalista.
En síntesis, la realidad actual demuestra que la burguesía peruana, al igual que lo han hecho otras de derecha e izquierda de la región, no le ha temblado el pulso para ordenar la represión y mantener de cualquier forma sus intereses, enviando un claro mensaje para estimular el miedo en el proletariado. Es difícil saber si estas manifestaciones y bloqueos de carretera se prolongarán por más tiempo, lo que si es evidente, es que la burguesía peruana parece haberse convencido de que la única forma de lograr una cierta estabilidad política y control de la situación, será a través de aplicar la “violencia legítima” del Estado a la población y de purgar su aparato político de gobierno, un comportamiento que no es ajeno al que la burguesía mundial aplicó durante la decadencia del capitalismo y que se mantiene y profundiza en su actual fase de descomposición. Tal como afirmamos en nuestro artículo de diciembre 2022: Lo que está pasando en Perú en estos momentos, no es una expresión o reacción de los trabajadores, no es la lucha de clases. Lo que está pasando en Perú, es una lucha por intereses netamente burgueses, donde una de las dos facciones enfrentadas de la burguesía finalmente se quedará con el manejo del Estado, para continuar con la explotación de los trabajadores. […]El terrorismo ejercido por las burguesías de ambos bandos sigue costando vidas humanas. Los métodos usados de fuego y violencia indiscriminada se contraponen a aquellos con que la clase trabajadora echará abajo al capitalismo, basados más en la capacidad de construir una organización que pueda incorporar al resto de capas no explotadoras a su programa, dirigiendo las acciones políticas de transformación contra las clases dominantes. El terror de las acciones de la burguesía y de sus ambos bandos en plena revuelta constituye un ataque a la toma de conciencia de la clase obrera8.
Ismo Perú- Sección de la Corriente Comunista Internacional
Contacto: [email protected]
Febrero 2023
1Perú: la clase trabajadora se encuentra en el fuego cruzado de las facciones burguesas enfrentadas. Diciembre 2022.
2Los departamentos más pobres a nivel multidimensional y su avance en la ejecución de inversión pública. (noviembre 2022). https://www.comexperu.org.pe/articulo/los-departamentos-mas-pobres-a-niv...(53.6%25).
3Durand, F. (2017). Los doce apóstoles de la democracia peruana. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
4INEI (2022). Pobreza afectó al 25,9% de la población del país en el año 2021. https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-072...
5Quiénes serían los supuestos azuzadores identificados por la DINI en las protestas en Perú para crear caos y violencia. https://www.infobae.com/peru/2023/01/18/protestas-en-peru-y-los-azuzador...
6Cancillería entregó nota de protesta a embajador de Bolivia por declaraciones de presidente Luis Arce. https://rpp.pe/politica/estado/cancilleria-entrego-nota-de-protesta-a-em...
7Gobierno expresa “enérgica protesta” por “injerencia” del presidente Gustavo Petro. https://elcomercio.pe/
8Ibidem