¿Cómo está organizada la burguesía? I - La mentira del Estado «democrático»

Se desmoronó el bloque del Este y con ello se han visto automáticamente revalorizados los temas de la propaganda ideológica desencadenada por su viejo rival occidental. Durante décadas, el mundo vivió sometido a una doble mentira: la de la existencia del comunismo en el Este, identificado a la dictadura despiadada del estalinismo, opuesta a la del reino de la libertad democrática en el Oeste. De ese combate ideológico, expresión en el plano ideológico de las rivalidades imperialistas, la ilusión «democrática» ha salido vencedora. No es su primera victoria. Ya cuando las dos primeras guerras mundiales, que arrasaron el planeta en este siglo, el campo de las «democracias liberales» salió vencedor y por consiguiente, cada vez, la ideología democrática se ha fortalecido. No es ése un fenómeno casual. Los países que han pretendido representar mejor el ideal democrático son aquellos que lograron realizar los primeros la revolución democrática burguesa e instaurar el poder de estados puramente capitalistas, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos sobre todo. Al haber llegado primeros se vieron mejor dotados en el plano económico. Y esta superioridad económica se plasmó en lo militar y en el plano de la guerra ideológica. Durante los conflictos imperialistas que arrasaron el planeta desde principios de siglo, la fuerza de las «democracias liberales» siempre ha sido la de hacer creer a los proletarios que les servían de carne de cañón, que luchando por la «democracia» no defendían los intereses de una fracción capitalista, sino un ideal de libertad frente a la barbarie de sistemas dictatoriales. Durante la Primera Guerra mundial, los proletarios franceses, ingleses y americanos eran enviados a la carnicería en nombre de la lucha contra el militarismo prusiano; durante la Segunda Guerra mundial, las dictaduras nazis y fascistas sirvieron, con su bestialidad, de justificación al militarismo democrático. Después, el combate ideológico entre los dos bloques se ha asimilado a la lucha de la «democracia» contra la dictadura «comunista». Cada vez, las democracias occidentales han pretendido haber entablado una lucha contra un sistema fundamentalmente diferente al de ellas, contra unas «dictaduras». Burda mentira.

Hoy, el modelo democrático occidental se presenta como ideal  de progreso que trascendería los sistemas económicos y las clases. Todos los ciudadanos serían «iguales» y «libres» de escoger, mediante el voto, a los representantes políticos y, por lo tanto, el sistema económico que desean. Cada uno es «libre», en «democracia» de expresar sus opiniones. Si los electores quieren socialismo e incluso comunismo no tienen más que votar por los representantes de los partidos que pretenden defender esos objetivos. El parlamento es el reflejo de la «voluntad popular». Cada ciudadano puede recurrir ante el Estado. Los «Derechos humanos son respetados» y así sucesivamente.

Esa visión idílica y crédula de la «democracia» es un mito. La «democracia» es el taparrabos ideológico que sirve para ocultar la dictadura del capital en sus áreas más desarrolladas. No hay diferencia fundamental de naturaleza entre los diferentes modelos que la propaganda capitalista opone unos a otros por las necesidades de sus campañas ideológicas de mistificación. Todos los sistemas pretendidamente diferentes por su naturaleza, que han servido de estandarte a la propaganda democrática desde principios de siglo, son expresiones de la dictadura de la burguesía, del capitalismo. La forma, la apariencia pueden variar, pero no el fondo. El totalitarismo sin afeites del nazismo o del estalinismo no son la expresión de sistemas económicos diferentes, sino el resultado del desarrollo del totalitarismo estatal, característico del capitalismo decadente, y del desarrollo universal de la tendencia al capitalismo de Estado que ha marcado el siglo XX. De hecho, la superioridad de las viejas democracias occidentales, que también han estado marcadas a lo largo de este siglo por los estigmas del totalitarismo estatal, ha sido el haber sabido ocultar ese fenómeno.

Los mitos tienen larga vida. Pero la crisis económica está ahí, la cual se agudiza día tras día poniendo al desnudo dramáticamente la realidad del capitalismo decadente, desvelando sus mentiras. Se ha agotado la ilusión de prosperidad en el Oeste presentada como algo eterno tras el hundimiento económico de lo que fue bloque del Este. La mentira democrática es de otro calibre, pues se basa en premisas menos dependientes de las fluctuaciones inmediatas. Sin embargo, los años y años de crisis han impuesto a la clase dominante un incremento en sus tensiones tanto internacionalmente como dentro de cada país. Y ha tenido por ello que poner en marcha una serie de maniobras en todos los planos de su actividad como nunca antes había necesitado. Se han multiplicado las ocasiones en que la burguesía ha demostrado el poco caso que hace del ideal democrático que pretende encarnar. En el mundo entero, los partidos políticos «responsables» de derechas como de izquierdas, los cuales han seguido, todos, la misma política de austeridad contra la clase obrera en cuanto se acercaron al poder, sufren hoy un gran desprestigio. Este desprestigio, que afecta a todo el funcionamiento del aparato de Estado, es el producto de la separación creciente entre el Estado que impone la miseria y la sociedad civil que debe sufrirla. Y esa separación se ha reforzado más todavía en los últimos años a causa de los avances de una descomposición que afecta al conjunto del mundo capitalista. Se agudizan, en todos los países las rivalidades sordas entre los diferentes clanes que pululan en el aparato de Estado. Y esas rivalidades se plasman en escándalos a repetición que ponen en evidencia la podredumbre de la clase dominante, la corrupción, la prevaricación que están gangrenando el aparato político en su conjunto. Ponen al desnudo el funcionamiento real de un Estado en el que los políticos conviven estrechamente con matones de toda calaña y representantes de todas las mafias gangsteriles y traficantes en despachos de un poder oculto, desconocidos del gran público. Poco a poco la realidad sórdida del Estado totalitario del capitalismo decadente empieza a desgarrar la pantalla de las apariencias democráticas, pero eso no significa que se esté aligerando el peso de la mentira democrática. La clase dominante sabe perfectamente utilizar su propia putrefacción para reforzar su propaganda, usando los ejemplos edificantes de sus escándalos como justificación de su lucha por la pureza democrática. Cuanto más socava la crisis las bases de la dominación burguesa y su control ideológico de los explotados, cuanto más al desnudo pone unas mentiras continuamente repetidas, tanto más determinada se vuelve la clase dominante en el uso de todos los medios a su disposición para conservar el poder. La mentira democrática se instaló con el capitalismo y sólo con él podrá desaparecer.

En el siglo XIX: una democracia burguesa para uso exclusivo de los burgueses

Si las fracciones dominantes de la burguesía mundial pueden reivindicarse de la «democracia» es porque eso corresponde a su propia historia. La burguesía hizo su revolución y derribó el feudalismo en nombre de la Democracia y de las libertades. La burguesía organizó su sistema político en correspondencia con sus necesidades económicas. Tenía que abolir la servidumbre en nombre de la libertad individual para así permitir la creación de un proletariado masivo compuesto de asalariados dispuestos a vender individualmente su fuerza de trabajo. El parlamento era el ruedo en el que los diferentes partidos, representantes de los intereses múltiples  que existen en el seno de la burguesía, los diferentes sectores del capital, se enfrentaban para decidir la composición y orientaciones del gobierno que se ocupaba del ejecutivo. El parlamento era entonces, para la clase dominante, un lugar de verdadero debate y de decisión. Ése es el modelo histórico del que se reivindican nuestros «demócratas» de hoy, la forma de organización política que tomó la dictadura del capital en su juventud, el modelo de la revolución burguesa en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos.

Hay que decir ya que esos modelos clásicos no eran ni mucho menos universales. Muy a menudo, esas reglas democráticas fueron conculcadas por la burguesía para que ésta pudiera llevar a cabo su revolución y acelerar así los cambios sociales necesarios para la consolidación de su sistema. Baste recordar, entro otros ejemplos, la Revolución francesa, el terror jacobino y la epopeya napoleoniana después, para comprobar el poco caso que la burguesía podía hacer ya entonces de su ideal democrático cuando las circunstancias lo imponían. La democracia burguesa era, en cierto modo, como la democracia ateniense en la cual sólo los ciudadanos podían participar en las decisiones, o sea que quedaban excluidas las mujeres, los metecos (forasteros) y los esclavos que eran evidentemente la mayoría de la población.

En el sistema democrático parlamentario instaurado por la burguesía, sólo los notables eran electores: los proletarios no tenían derecho a la palabra, ni derecho a organizarse. Se necesitarían años de luchas encarnizadas de la clase obrera para obtener el derecho de asociación, el derecho a organizarse en sindicato, para imponer el sufragio universal. El que los obreros quisieran participar activamente en la democracia burguesa para imponer reformas o apoyar a las fracciones más progresistas de la clase dominante era algo que no estaba previsto en los programas de la revolución burguesa. Cada vez que la clase obrera lograba mediante sus luchas obtener nuevos derechos democráticos, la burguesía lo hacía todo para limitar sus consecuencias. En la Italia de 1882, por ejemplo, se promulga una nueva ley electoral; uno de los amigos del jefe de gobierno de entonces, Depretis, describía así la actitud de éste: «Temía que la participación de nuevas capas sociales en la vida pública trajera lógicamente consigo cambios profundos en las instituciones estatales. Y fue así como empleó todos los medios para protegerse, para construir sólidos diques contra las temidas inundaciones»[1]. Es ése un buen resumen de la actitud de la clase dominante, de su idea de la democracia y del parlamento en el siglo XIX. Fundamentalmente, los trabajadores deben quedar excluidos de ella. No ha sido hecha para ellos, sino para las necesidades de buena gestión del capital. Ocurre que las fracciones más ilustradas de la burguesía apoyan ciertas reformas, proclamándose favorables a una mayor participación de los trabajadores en el funcionamiento de la democracia, mediante el sufragio universal o el derecho de de organización sindical, pero siempre será con la idea de un mejor control sobre la clase obrera y de evitar turbulencias sociales malas para la producción. No es casualidad si los primeros patronos que se organizan y se agrupan en comités, frente a la presión de las luchas obreras, son los de la gran industria, los cuales son también quienes están más a favor de las reformas. En la gran industria, los capitalistas, enfrentados a la fuerza masiva de los numerosos proletarios que emplean, toman mejor conciencia de la necesidad, por un lado, de controlar el potencial explosivo de la clase obrera permitiéndole una expresión parlamentaria y sindical, y, por otro lado, la necesidad de reformas (limitación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil), que permiten mantener una fuerza de trabajo en mejor salud y por lo tanto más productiva.

Sin embargo, pese a que los explotados estén excluidos prácticamente de ella, la democracia parlamentaria en el siglo XIX es la realidad del funcionamiento de la burguesía. El legislativo domina el ejecutivo, el sistema parlamentario y la democracia representativa son una realidad.

En el siglo XX, un funcionamiento «democrático» vacío de su contenido

Con la entrada en el siglo XX el capitalismo conquista el mundo chocando con los límites de su expansión geográfica, límite objetivo del mercado y por lo tanto de las salidas a su producción. Las relaciones capitalistas de producción se convierten en trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas. El capitalismo como un todo entraba en un período de crisis y de guerras de dimensión mundial.

Esos trastornos, determinantes en la vida del capital, trajeron consigo una modificación profunda del modo de existencia política de la burguesía y del funcionamiento de su aparato de Estado.

El Estado burgués es por esencia el representante de los intereses globales del capital nacional. Todo lo que concierne las dificultades económicas globales, las amenazas de crisis y los medios para salir de ella, la organización de la guerra imperialista, es asunto de Estado. Con la entrada del capitalismo en su período de decadencia el papel del Estado se vuelve preponderante pues es el único capaz de mantener un mínimo de «orden» en una sociedad capitalista desgarrada por sus contradicciones y que tiende a estallar. «El Estado es el reconocimiento de que la sociedad se enfanga en una indisoluble contradicción consigo misma» decía Engels. El desarrollo de un Estado tentacular, controlador de todos los aspectos de la vida económica, política y social es la característica fundamental del modo de organización del capital en su fase de decadencia, es la respuesta totalitaria de la sociedad capitalista a su crisis. «El capitalismo de Estado es la forma que tiende a tomar en Estado en su fase de declive»[2].

Por consiguiente, el poder en la sociedad burguesa se concentra en las manos del ejecutivo en detrimento del poder legislativo. Este fenómeno es especialmente evidente durante la Primera Guerra mundial en la que los imperativos de la guerra y el interés nacional no permiten el debate democrático en el parlamento e imponen una disciplina absoluta a todas las fracciones de la burguesía nacional. Pero después, ese estado de cosas va a mantenerse y reforzarse. El parlamento burgués acaba siendo una concha vacía sin ninguna función decisoria.

La IIIª Internacional deja constancia de esa realidad, proclamando que «el centro de gravedad de la vida política actual ha salido total y definitivamente del parlamento», y que «el parlamento no puede ser en ningún caso, en el momento actual, el escenario de una lucha por reformas y por mejorar la situación de la clase obrera, como así ocurrió en ciertos momentos de épocas pasadas». En efecto, el capitalismo en crisis ya no sólo es incapaz de acordar reformas duraderas; es que además la clase burguesa ha perdido definitivamente su papel histórico de clase del progreso económico y social y sus fracciones se vuelven reaccionarias todas por igual.

De hecho, en ese proceso, los partidos políticos de la burguesía pierden su función primera que era la de representar en la vida «democrática» burguesa que se expresaba en el parlamento, a los diferentes grupos de interés, a los diferentes sectores económicos del capital. Y se convierten en instrumentos del Estado encargados de hacer aceptar la política de éste a los diferentes sectores de la sociedad a los que se dirigen. De ser representantes de la sociedad civil en el Estado, se vuelven instrumentos del Estado para controlar la sociedad civil. La unidad del interés global del capital nacional que el Estado representa tiende a plasmarse en que, en cierto modo, los partidos políticos de la burguesía se convierten en fracciones del partido totalitario estatal. La tendencia al partido único va a concretarse claramente en los regímenes fascistas, nazis o estalinistas. Pero incluso allí donde la ficción del pluralismo se mantiene, en situaciones de crisis agudas como la de la guerra imperialista, la realidad de un partido hegemónico o la dominación de un partido único se impone de hecho. Ese fue el caso, a finales de los años 30 y durante la guerra, con Roosevelt y el partido demócrata o, en Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra mundial con el «estado de excepción», Churchill y la creación del Gabinete de guerra. «En el contexto del capitalismo de Estado, las diferencias que separan a los partidos burgueses no son nada en comparación con lo que tienen en común. Todos parten de una premisa general según la cual los intereses del capital nacional son superiores a todos los demás. Esta premisa hace que las diferentes fracciones del capital nacional son capaces de trabajar juntas muy estrechamente sobre todo detrás de las puertas cerradas de las comisiones parlamentarias y en las más altos niveles del aparato de Estado»[3]. Los dirigentes de los partidos y los miembros del parlamento se han convertido en funcionarios del Estado.

Toda la actividad parlamentaria, el juego de los partidos, pierden su sentido desde el punto de vista de las decisiones que toma el Estado en nombre del interés superior de la nación, o sea, del capital nacional. No son más que una careta para ocultar el continuo incremento del control totalitario del Estado sobre la sociedad en su conjunto. El funciona­miento «democrático» de la clase dominante, incluso con los límites que conocía en el siglo XIX, ha dejado de existir, se ha vuelto simple mistificación, pura mentira.

El totalitarismo «democrático» contra la clase obrera

¿Por qué, entonces, mantener semejante aparato «democrático» tan costoso y delicado de manejo si ya no corresponde a las necesidades del capital? Porque la función esencial de ese aparato aparece en momentos en que la crisis permanente empuja a la clase obrera hacia luchas por la defensa de sus condiciones de vida y hacia una toma de conciencia revolucionaria. Es la función de desviar al proletariado de su terreno de clase, meterlo en una trampa y enfangarlo en el terreno «democrático». En esta tarea, el Estado va a beneficiarse del apoyo de los partidos «socialistas» después de 1914 y de los «comunistas» a partir de los años 30, los cuales, traicionando a la clase que los hizo surgir, integrándose en el aparato de control y de mistificación de la burguesía van a dar crédito a la mentira «democrática» ante la clase obrera. Mientras que en el siglo XIX el proletariado había tenido que luchar para arrancar el derecho de voto, en el XX, en las metrópolis desarrolladas, es, al contrario, la propaganda intensiva de la burguesía llevada a cabo por el Estado «democrático» para llevar al proletariado al terreno electoral. Hay países incluso, como Bélgica e Italia, en los que el voto se ha hecho obligatorio.

Igualmente, en el plano sindical, ahora que la lucha por reformas ha perdido su sentido auténtico, los sindicatos, que correspondían a la necesidad del proletariado de mejorar su situación en el marco de una sociedad capitalista, perdieron su utilidad para la lucha obrera. Pero no por eso van a desaparecer. El Estado va a apoderarse de ellos y utilizarlos para controlar mejor a la clase explotada. Van a completar el aparato de coerción «democrática» de la clase dominante.

Cabe, sin embargo, plantearse la pregunta siguiente: si el aparato de mistificación democrática es tan útil a la clase dominante, a su Estado, ¿cómo es que ese modo de control social no se ha impuesto por todas partes, en todos los países? Es interesante hacer notar a este respecto que los dos regímenes de la burguesía que han simbolizado más claramente el totalitarismo estatal en el siglo XX, los de la Alemania nazi y la URSS estalinista son los que se construyeron sobre el aplastamiento más profundo y terrible del proletariado tras el fracaso de las tentativas revolucionarias que marcaron la entrada del capitalismo en su decadencia. Frente a un proletariado profundamente debilitado por la derrota, diezmado en sus fuerzas vivas por la represión, la cuestión de su encuadramiento se plantea muy diferentemente para la burguesía. La patraña democrática en esas condiciones no tiene la menor utilidad y el capitalismo de Estado aparece sin afeites, sin careta. Además, precisamente porque desde el estricto punto de vista del funcionamiento de la máquina estatal a principios de siglo, el aparato «democrático» heredado del siglo XIX se ha vuelto superfluo, algunos sectores de la burguesía, reconociendo tal hecho, teorizan su inutilidad. El fascismo es la expresión de esa tendencia. Cabe también notar que el mantenimiento de la pesada maquinaria «democrática» no sólo resulta muy caro sino que además exige un funcionamiento económico adecuado para prestigiarla y una clase dominante lo bastante experimentada para manejarla con habilidad. Muy pocas veces están reunidos esos factores en los países subdesarrollados, y la debilidad del proletariado local no anima a la burguesía a instaurar un sistema así, de modo que las dictaduras militares son legión en el tercer mundo. En esos países la debilidad de la economía se traduce en debilidad de la burguesía local y, en esos casos, el ejército es la estructura del Estado burgués más idónea para representar el interés global del capital nacional formando así el esqueleto del aparato de Estado. Esta función también ha podido ser asumida por partidos únicos militarizados que se inspiraban en modelos estalinistas como, por ejemplo, el de China.

Las diferentes dictaduras y Estados abiertamente totalitarios cuya existencia ha marcado la historia del siglo XX no son, ni mucho menos, la expresión de no se sabe qué perversión frente a la pureza «democrática» del capitalismo. En ellos se plasma, al contrario, la tendencia general al control totalitario sobre todos los aspectos de la vida económica, social y política por parte del capitalismo de Estado. En realidad son la demostración de lo que es la realidad del capitalismo decadente y permiten comprender lo que se oculta detrás del barniz democrático con que recubre sus manipulaciones la clase dominante en los países desarrollados. No hay diferencia de naturaleza, ni siquiera una gran diferencia en el funcionamiento del Estado que se pretende «democrático», simplemente la realidad está mejor ocultada.

Cuando en Francia, en los años 30, la misma asamblea parlamentaria elegida con el Frente popular vota los plenos poderes al mariscal Pétain, no se trata de algo aberrante, sino, al contrario, de la expresión patente de lo que son las pretensiones «democráticas» del juego parlamentario en el capitalismo decadente. Del mismo modo, una vez terminada la guerra, el Estado que se instaura tras la Liberación es básicamente el continuador del que había colaborado con la Alemania nazi. La policía, la justicia, las oligarquías económicas e incluso políticas que se había distinguido por su celo colaboracionista siguieron donde estaban, si no es alguna que otra excepción que sirvió de chivo expiatorio. Y lo mismo ocurrió en Italia en donde se estima que el 90 % de los responsables del Estado siguió en sus puestos tras la caída del régimen fascista.

Por otra parte, fácil es comprobar que nuestras «democracias» no han tenido ascos en apoyar o utilizar a esta o a aquella «dictadura» cuando eso correspondía a sus necesidades estratégicas, y eso cuando no han sido ellas la que han instalado tales «dictaduras». Los ejemplos no faltan desde EEUU en Latinoamérica hasta Francia en la mayoría de sus ex colonias africanas.

La habilidad de las viejas «democracias» occidentales consiste en utilizar la barbarie y la bestialidad de las formas más caricaturescas del capitalismo de Estado para enmascarar el hecho de que ellas mismas no son una excepción a la regla absoluta del capitalismo decadente, o sea, el desarrollo del totalitarismo estatal. En realidad, únicamente los países capitalistas más desarrollados tienen los medios de mantener la credibilidad y de manejar un aparato «democrático» sofisticado de mistificación y de encuadramiento de la clase obrera. En el mundo capitalista subdesarrollado, los regímenes provistos de caretas «democráticas» son excepciones y, en general, son más el producto de un apoyo eficaz de una potencia imperialista «democrática» que la expresión de la burguesía local. Su existencia es a menudo provisional, sometida a los vaivenes de la situación internacional. Se necesita todo el poder y la experiencia de las fracciones más antiguas y más desarrolladas de la burguesía mundial para mantener la credibilidad de la gran mentira del funcionamiento democrático del Estado burgués.

En su forma más sofisticada de la dictadura del capital que la «democracia» es, el capitalismo de Estado debe afrontar el reto de hacer creer que reina la mayor libertad. Para ello, a la coerción brutal, a la represión feroz se le prefiere, cuando es posible, la manipulación suave que permite llegar al mismo resultado sin que la víctima se entere. No es tarea fácil y únicamente las fracciones más experimentadas de la burguesía mundial lo consiguen. Pero para lograrlo, el Estado debe someter estrechamente a su control al conjunto de las instituciones de la sociedad civil. Debe desplegar todo un sistema tentacular y totalitario.

El Estado «democrático» no sólo tiene organizado un sistema visible y oficial de control y vigilancia de la sociedad, sino que ha desdoblado su funcionamiento tejiendo una tela de araña de hilos ocultos que le permiten controlar los espacios de la sociedad que pretendidamente no son de su competencia. Eso es cierto para todos los sectores de la sociedad. Un ejemplo caricaturesco es la información. Uno de los grandes principios de los que alardea el Estado «democrático» es la libertad de prensa. Incluso se presenta como el garantizador de la pluralidad de la información. Es cierto que en los países «democráticos» existe una prensa abundante y a menudo multitud de canales de televisión. Pero, cuando se mira de cerca, las cosas no son tan maravillosas. Todo un sistema administrativo-jurídico permite al Estado acotar esa «libertad» y de hecho, las grandes media dependen por completo de la buena voluntad del Estado, el cual posee todos los medios jurídicos y económicos para estrangular y hacer que desaparezca tal o cual periódico. En cuanto a los grandes canales de televisión, su autorización para emitir está directamente subordinada al acuerdo del Estado. Se sabe perfectamente que por todas partes, lo esencial de los medios de «información» está en manos de un puñado de magnates que tienen su sillón reservado en las antecámaras de los ministerios. Puede incluso suponerse que si disfrutan de esa envidiable situación es porque han sido mandatados por el Estado, como agentes de influencia, para hacer ese papel. Las grandes agencias de prensa son muy a menudo emanación directa del Estado al servicio de su política. Es muy significativo que en una situación como la de la guerra del Golfo, el conjunto de la prensa «libre» se puso firmes para contar todas las patrañas de la propaganda guerrera, para filtrar las noticias y manipular la opinión al mejor servicio de «su» imperialismo. En ese momento clave no hubo prácticamente diferencias entre la idea «democrática» de la información y la tan denostada de la dictadura estalinista o de la que por su parte ejercía Sadam Huséin. Su información se identificó con la propaganda más rastrera, y los altaneros periodistas occidentales, esos centinelas de las «libertades» se cuadraron como vulgares reclutas a las órdenes, dejando, dóciles, que sus informaciones fueran verificadas por los ejércitos antes de publicarlas, sin duda por ese prurito de objetividad que los anima...

Ese gigantesco aparato estatal «democrático» tiene su justificación en los países desarrollados en la necesidad vital para la clase dominante de controlar las mayores concentraciones proletarias del planeta. Incluso si la mistificación democrática es un aspecto esencial de la propaganda imperialista de las grandes potencias occidentales, eso no quita que sea en el plano social, el del control del proletariado y de la población en general, en donde se arraiga su principal justificación. Es con esa finalidad de encuadramiento social con la que se organizan las grandes maniobras para las cuales el Estado «democrático» utiliza todos sus recursos de propaganda y manipulación. Una de las ocasiones en las que el Estado hace maniobrar con mayor plenitud a su pesado aparato «democrático» es durante las grandes ceremonias electorales a cuya comunión son periódicamente invitados los «ciudadanos». Las elecciones, ahora que han perdido todo sentido desde el punto de vista del funcionamiento del Estado totalitario, siguen siendo un arma de primera categoría para atomizar a la clase obrera en el voto individualizado, para desviar su descontento hacia un terreno estéril, prestigiando así la existencia de la «democracia». No es por casualidad si los Estados «democráticos» organizan hoy en día una lucha encarnizada contra la abstencionismo y la desafección de los partidos, pues la participación de los obreros en las elecciones es esencial para perpetuar la ilusión democrática. Y aunque la representación parlamentaria ya no tiene la menor importancia en el funcionamiento del Estado, no deja de ser algo esencial que el resultado de las elecciones esté en conformidad con las necesidades de la clase dominante para así usar mejor el juego mistificador de los partidos y evitar su desgaste prematuro. Los partidos llamados «de izquierda» especialmente, tienen la función específica de encuadrar a la clase obrera y el lugar que ocupan en cuanto a sus responsabilidades gubernamentales es determinante para desempeñar su función embaucadora y por lo tanto para encuadrar con eficacia a la clase obrera. Es evidente que en un momento en el que lo que está al orden del día, cuando la crisis se acelera, es la austeridad, la izquierda en el poder pierde gran parte de su crédito de pretendida defensora de los intereses de los obreros y está mal situada para poder encuadrar al proletariado en el terreno de las luchas. Manipular las elecciones para obtener el resultado deseado es pues enormemente importante para el Estado. Para conseguirlo, el Estado ha instaurado todo un sistema de selección de candidaturas, con sus reglas y leyes que impidan candidatos sorpresa. Pero no es ese aspecto legal lo esencial del asunto. Una prensa obediente orienta las opciones mediante un martilleo ideológico intenso. El juego sutil de alianzas entre partidos, las candidaturas manipuladas en función de las necesidades de la causa permiten, muy a menudo, obtener finalmente los resultados previstos y la mayoría gubernamental deseada. Es algo comprobado hasta la saciedad que hoy, sean cuales sean los resultados electorales, siempre será la misma política antiobrera la que se llevará a cabo. El Estado «democrático» consigue llevar a cabo su política independientemente de unas elecciones organizadas a cadencia acelerada. Las elecciones son pura mascarada.

Fuera de las elecciones, que son la piedra angular de la autojustificación «democrática» del Estado, hay muchas ocasiones en las que éste maniobra su aparato para afianzar su control. Contra las huelgas, por ejemplo. En cada lucha que la clase obrera entabla en su propio terreno, ve alzarse ante ella al conjunto de las fuerzas del Estado: prensa, sindicatos, partidos políticos, fuerzas de represión, a veces provocaciones de la policía u otros organismos menos oficiales, etc.

Lo que distingue fundamentalmente al Estado «democrático» de las «dictaduras» no son los medios empleados, basados todos ellos en el control totalitario sobre la sociedad civil, sino la habilidad y la eficacia con la que son empleados. Eso es evidente en el plano electoral. A menudo, las dictaduras intentan darse una legitimidad con elecciones o referendos, pero la indigencia de medios hacen que sea una caricatura de lo que son capaces de organizar los países ricos industrializados. Pero diferencia de fondo no hay. La caricatura no hace más que enseñarnos, con sus groseros rasgos, la verdad del modelo. La «democracia» burguesa no es más que la dictadura «democrática» del capital.

La trastienda del Estado «democrático»

Durante el período ascendente del capitalismo, la burguesía podía apoyar su dominación de clase en la realidad del progreso que su sistema aportaba a la humanidad. En el período de decadencia, en cambio, esa base ha desaparecido totalmente. Y lo que es peor, el capitalismo ya sólo es capaz de aportar miseria y más miseria en medio de una crisis permanente y de la barbarie militarista y asesina de conflictos imperialistas a repetición. Ya sólo mediante el terror y la mentira es capaz la clase dominante de asegurar su dominación de clase y perpetuar su sistema caduco. Esta realidad va a determinar una evolución en profundidad de la vida interna de la clase dominante y concretarse en la actividad del aparato de Estado.

La capacidad del Estado para imponer su fuerza militar y represiva por un lado, y por otro lado hacer creíbles sus mentiras y conservar sus secretos son hoy factores determinantes en su eficacia para gestionar la situación.

En la situación actual, los sectores de la burguesía que van a ascender en la jerarquía del Estado son naturalmente los sectores especializados en el empleo de la fuerza, de la propaganda mentirosa, de la actividad secreta y en todo tipo de maniobras retorcidas. Resumiendo: el ejército, la policía, los servicios secretos, los clanes y sociedades secretas y las mafias gangsteriles.

Los dos primeros sectores han desempeñado siempre un papel primordial en el Estado del que son pilares indispensables. Cantidad de generales marcaron la vida política de la burguesía en el siglo XIX, pero en aquel entonces hay que señalar que su llegada a los aledaños o al centro mismo del poder era, la mayoría de las veces, producto de situaciones de excepción, de dificultades particulares en la vida del capital nacional, como así ocurrió durante la guerra de Secesión en Estados Unidos. Esa tendencia militarista no contradecía, ni mucho menos, la tendencia democrática de la vida política burguesa, como así fue bajo Napoleón III en Francia. Hoy lo característico es que una elevada proporción de jefes de Estado de los países subdesarrollados son militares e incluso en las «democracias » no han faltado sus Eisenhower y Haig en EEUU o De Gaulle en Francia.

Lo que sí es un fenómeno típico del período de decadencia en que vivimos es la subida al poder de responsables de los servicios secretos, lo cual plasma a la perfección las preocupaciones actuales de la burguesía y el funcionamiento interno de las más altas esferas del Estado. Este hecho es también perfectamente visible en la periferia del capitalismo, en el mundo subdesarrollado. Muy a menudo, los generales que se apoderan de las presidencias son los jefes de los servicios secretos de los ejércitos y ocurre muy frecuentemente que cuando una personalidad civil alcanza la jefatura del Estado, antes había hecho su carrera en los servicios secretos «civiles» o de la policía política. Pero esta situación de hecho no es exclusiva de los países subdesarrollados de Africa, Asia o Latinoamérica. En la URSS, Andropov era el jefe del KGB, Gorbachov había tenido puestos de responsabilidad en dicho organismo y el actual presidente de Georgia, Shevernadze fue general de dicho KGB. Todavía más significativo es el ejemplo de Bush en EEUU, «el país más democrático del mundo», antiguo director de la CIA. Y ésos son los ejemplos más cono­cidos. Ni tenemos los medios ni nos interesa, pues no es nuestra intención, ponernos aquí a hacer una lista exhaustiva, pero sería interesante comprobar la cantidad impresionante de responsables políticos, ministros, parlamentarios y demás que antes de ocupar sus «honorables» funciones hicieron sus cursillos en este o el otro servicio secreto.

La multiplicación de policías paralelas, de servicios cada uno más secreto que el otro, de centros ocultos de todas las clases es uno de los aspectos más reveladores de la vida social en las seudo democracias de hoy. Eso pone de relieve las necesidades y la naturaleza de las actividades del Estado. En el plano imperialista, evidentemente: espionaje, provocación, chantaje, asesinatos, manipulaciones de todo tipo en el plano internacional por la defensa de los intereses imperialistas nacionales, es algo de lo más corriente. Pero eso no es más que el aspecto «patriótico», el más «confesable» de la actividad de los servicios secretos.

Es el plano interior donde la actividad oculta del Estado se ha desarrollado sin duda con mayor amplitud. Fichado sistemático de la población, vigilancia de los individuos, incremento de los pinchazos telefónicos «oficiales» y clandestinos, provocaciones de toda índole destinadas a maniobrar a la opinión pública, infiltración de todos los sectores de la sociedad civil, financiamientos ocultos, etc. Larga es la lista de las actividades para las cuales el Estado recluta una mano de obra abundante, actividades llevadas a cabo en secreto para no manchar el mito de la «democracia». Para ejecutar esas delicadas tareas el Estado utiliza los servicios de diferentes mafias de tal modo que distinguir entre un agente secreto y un gángster es algo cada día más difícil, pues los especialistas del crimen han sabido vender, cuando la ocasión se presenta, sus servicios y sus competencias. Desde hace años, el Estado se ha apoderado de diferentes redes de influencia ya existentes en la sociedad, sociedades secretas, mafias, sectas para ponerlas al servicio de su política internacional y nacional, permitiendo así su ascensión en las esferas dirigentes. De hecho, el Estado «democrático» hace exactamente lo mismo que las «dictaduras» a las que denuncia, pero más discretamente. Los servicios secretos no sólo están en el centro del Estado, también son sus antenas en medio de la sociedad civil.

Paralelamente a ese proceso que ha permitido la progresión en el seno del Estado de las fracciones de la burguesía cuyo modo de existencia se basa en el secreto, el conjunto del funcionamiento del Estado se ha ido ocultando. Tras las apariencias del gobierno, los centros de decisión se han vuelto invisibles. Muchos ministros apenas si tienen poder real y sólo sirven de representación. Esta tendencia se plasmó cínicamente en el mandato del presidente Reagan cuyo mediocre talento de actor le permitió hacer el presumido en el escenario mediático, pero cuya función no era, ni mucho menos, la de definir las orientaciones políticas. Para esto existen otros centros de decisión, desconocidos, la mayoría de las veces, por el gran público. En un mundo en el que los medios de propaganda ideológica han incrementado tanto su importancia, la cualidad fundamental del político es la de saber hablar bien y la de «pintar» bien en la televisión. A menudo eso es suficiente para hacer carrera política. Sin embargo, detrás de los actores de la política encargados de dar rostro humano al Estado, se oculta una multitud de comités, centros de decisión, grupos de presión animados por eminencias grises, desconocidas muchas veces y que, por encima de las fluctuaciones gubernamentales, aseguran la continuidad de la política estatal y, por lo tanto, de la realidad del poder.

Ese funcionamiento cada vez más oculto del Estado no significa ni mucho menos que las divergencias, los antagonismos de intereses hayan desaparecido en la clase dominante. Muy al contrario, con la crisis mundial que se profundiza, se agudizan las divisiones en el seno mismo de cada burguesía nacional. De manera evidente se cristalizan fracciones sobre la alianza imperialista por la que hay que optar. Pero no es ése el único factor de división en el seno de la clase burguesa. Las opciones económicas, la actitud a adoptar ante la clase obrera son otros tantos motivos que cristalizan los debates y los desacuerdos, sin olvidar, claro está, el sórdido interés por el poder, fuente de riqueza, que además de las reales divergencias de orientación, es fuente de conflicto permanente entre los diferentes clanes de la clase dominante. Esas divergencias en el seno de la clase dominante se expresan menos en la división entre partidos políticos, es decir en un plano visible, que en la formación de camarillas que pululan a todos los niveles del Estado y cuya existencia queda oculta para el común de los mortales. La guerra que tienen entablada esos clanes para obtener influencia en el aparato de Estado es severa y, sin embargo, no por eso aparece a la luz del día. Desde este punto de vista, tampoco en esto se distinguen en nada las «dictaduras» de las «democracias». Básicamente, la lucha por el poder se lleva lejos del conocimiento del gran público.

La situación actual de crisis económica agudizada, de cambios de alianzas tras el hundimiento del bloque del Este incrementa las rivalidades y las guerras que se hacen los clanes capitalistas en el seno del Estado. Los diferentes escándalos, los «suicidios» a repetición de hombre políticos y de negocios que salpican la actualidad desde hace algunos años solo son la emergencia visible de esa guerra de las sombras que tienen entablada los diferentes clanes de la burguesía. La multiplicación de los «casos» es una ocasión que permite entrever la realidad del funcionamiento del Estado por detrás de la cortina de humo «democrática». La situación en Italia es, a este respecto, muy reveladora. El asunto de la Logia P2, el asunto Gladio, los escándalos mafiosos y de corrupción de los hombres políticos ilustran de manera ejemplar la realidad totalitaria del funcionamiento del Estado «democrático» que hemos tratado en este artículo. El ejemplo concreto de Italia será el armazón de la segunda parte de este artículo.

JJ

Artículos de referencia:
- La decadencia del capitalismo;
- Revista internacional nº 31 «Maquiavelismo, conciencia y unidad de la burguesía»;
- Revista internacional nº 66 «Las matanzas y los crímenes de las “grandes democracias”».

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[1] F. Martini, citado por Sergio Romano en L’Histoire de l’Italie du Risorgimento à nos jours (en francés), ed. Le Seuil, París, 1977.

[2] Platafoma de la CCI.

[3]  «Notas sobre la conciencia de la burguesía decadente», Revista Internacional nº 31.