Aunque el peso principal de los ataques ha sido asumido por el gobierno del PSOE, sin embargo la burguesía se ha dado una estrategia en la que se ha implicado todo el aparato estatal: el decreto ley que atacaba a funcionarios y pensionistas fue apoyado y votado por los nacionalistas catalanes de CIU, mientras que el PP aparentaba mantenerse al margen con una actitud crítica. Los restrictivos presupuestos de 2011 que se transformaron en una auténtica fábrica de parados al paralizar las obras públicas fueron apoyados por PNV y Coalición Canaria, y el brutal recorte al sistema de pensiones fue firmado por CCOO y UGT que pasaron de gritar en septiembre "Zapatero dimisión" a reforzar y sostener al gobierno en los mayores ataques de la democracia.