El drama de los desplazados evidencia un sistema en descomposición

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La población de los países de la periferia del capitalismo afronta el drama de las deportaciones, el desplazamiento, la huída de condiciones violentas e infrahumanas como es el caso de los desplazados del Oriente Medio que huyen a Europa buscando mejores condiciones de vida y debido al terror impuesto por el Estado Islámico, el estado sirio y todos los bandos en conflicto . A los que se suman grandes desplazamientos de contingentes humanos desde África y Europa del Este. Este también es el drama que se vive en la frontera colombo-venezolana, donde desde hace años habitan cientos de miles de desplazados por el conflicto interno colombiano entre el Estado, la guerrilla y el paramilitarismo; otros, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Todos víctimas de un sistema capitalista que desde hace más de un siglo entró en decadencia y hoy se hunde en la descomposición[1], arrastrando a la humanidad a la barbarie.

Hoy la población de la amplia frontera colombo venezolana sufre de nuevo las consecuencias de los conflictos de intereses de las clases dominantes de ambos países.

Analicemos los hechos

El pasado 21 de agosto, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera colombo-venezolana, decretando el Estado de Excepción en 10 municipios del estado Táchira, la cual se extendió luego a 7 municipios del estado Zulia y 3 municipios del estado Apure, también fronterizos con Colombia. La razón fue la emboscada a tres militares venezolanos y un civil que ejecutaban operaciones anti contrabando. Dicha medida, significó la deportación de cerca de dos mil colombianos y la huída de otros miles, desatando una situación dramática, ya que en muchos casos las fuerzas militares destruyeron sus precarias viviendas, les prohibieron llevar sus enseres; familias quedaron separadas e incluso, ha habido denuncias por maltratos y extorsión por parte de militares venezolanos. El Procurador de Colombia amenazó con demandar y solicitar la captura del presidente Maduro en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. La canciller colombiana Ángela Holguín, señaló que tales medidas eran contradictorias con acciones que el gobierno venezolano emprendió en años anteriores, cuando les otorgó documentos de identidad a miles de colombianos para que pudieran votar en Venezuela a favor del régimen chavista, prometiéndoles casas y subsidios en territorio venezolano, y ahora consideran ilegítimos esos documentos.

Dentro de las razones que esgrime el gobierno venezolano para asumir tales medidas, se encuentran: el contrabando de gasolina y productos alimenticios hacia Colombia; la aprobación de una resolución por parte del Banco de la República de Colombia que facilita a un grupo de cambistas la operación de compra y venta de la moneda venezolana (el Bolívar Fuerte), forzando su devaluación. Estas operaciones de contrabando, aunado al acaparamiento y reventa de alimentos y diversos productos a precios especulativos a nivel interno, estarían a la base de lo que Maduro y su régimen denomina la “guerra económica”, que supuestamente sería la causa de gran parte de la escasez y el desabastecimiento que padece el país. Así mismo, el gobierno venezolano alega el incremento de las supuestas acciones del paramilitarismo colombiano en la planificación y ejecución de atentados y asesinatos a funcionarios venezolanos, bajo la dirección del ex presidente colombiano Álvaro Uribe en alianza con los Estados Unidos. En más de una oportunidad (por cuarta vez en tres años), Maduro ha denunciado planes para asesinarlo, e incluso, asegura que el último plan descubierto se planificó con conocimiento del presidente colombiano Juan M. Santos.

La realidad es que ambos gobiernos conocen desde hace muchos años las actividades de contrabando, extorsión (“cobro de vacuna”), narcotráfico, prostitución y la existencia de viejas y nuevas bandas criminales y paramilitares que operan tanto en Colombia como en Venezuela. Los presidentes Santos y Maduro actúan con el cinismo y la hipocresía propias de las clases dominantes, al llamar a la “defensa de los derechos humanos” o a la “protección de la vida de los ciudadanos”, mientras tratan de sacar el mayor provecho político de la situación, tal como también lo hacen las respectivas facciones burguesas que le hacen oposición a ambos gobiernos. Los grandes afectados son los pobladores de la frontera, la gran mayoría trabajadores que viven o transitan en la frontera. Miles de personas, locales e inmigrantes, buscan sobrevivir en medio de las diferentes mafias del contrabando, los carteles de la droga, la guerrilla y los paramilitares, quedando atrapados en una dinámica infernal de descomposición social que se expresa en la confrontación entre pandillas criminales que operan en la zona, comandadas por funcionarios y militares de ambos países.

Esta situación evidencia un drama que se vive en diferentes zonas fronterizas a nivel mundial, con la inmigración ilegal, los refugiados y desplazados, la mayoría de ellos víctimas de la crisis económica mundial y de una de sus principales manifestaciones: el desempleo; empujados por la necesidad de sobrevivir soportando ritmos brutales de explotación, huyendo de guerras y conflictos políticos, acosados por la persecución de las autoridades, arriesgando la vida de familias enteras. Guardando las diferencias de cada caso, en términos de cómo se origina y su posterior desenvolvimiento, el actual conflicto en Siria ilustra esta realidad, con alrededor de 7 millones de desplazados, debido a la guerra civil que inició en ese país en 2011, donde miles de personas huyen despavoridas en caravanas humanas, tratando de atravesar con vida las fronteras de otros países vecinos, sufriendo la represión policial y los maltratos de los traficantes de seres humanos, las enfermedades e incluso la muerte para intentar llegar a los países de la Unión Europea. De igual manera, los más de 400 mil desplazados por el conflicto en Libia, engrosan la cifra de casi 60 millones de desplazados en el mundo según la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados). La situación en la frontera colombo-venezolana ilustra por su parte, la autonomización a que han llegado las mafias lideradas por civiles, paramilitares, guerrilleros y efectivos militares, y el caos que produce la lucha a muerte entre éstas; de igual manera ilustra que a los gobiernos tanto de derecha como de izquierda, de países pobres o desarrollados, no les interesa para nada la población sino la defensa de sus intereses de clase. En todos estos casos, se trata de una realidad que expresa la descomposición de las relaciones capitalistas de producción, la imposibilidad de este sistema de ofrecer alguna perspectiva de bienestar a la humanidad.

La burguesía chavista busca un chivo expiatorio ante el avance de la crisis

Las estrategias que viene desarrollando la burguesía chavista para tratar de revertir el agotamiento de su proyecto político, se presentan en el marco de un acelerado deterioro económico y social. La búsqueda incesante de un chivo expiatorio, de un agresor externo, busca desviar la atención acerca de la gravedad de la crisis económica y la responsabilidad de altos burócratas del Estado en la inmensa corrupción existente. El margen de maniobra del chavismo se ha venido reduciendo en la medida en que declina su capacidad para alimentar su populismo político e ideológico. Según cifras extraoficiales, el PIB podría contraerse este año entre 7 y 10%; el déficit fiscal se ubicaría alrededor del 20% del PIB (muy superior al de Grecia en 2009 que llegó al 15%). La baja en los precios del petróleo ha obligado a un recorte del flujo de divisas que ronda el 60%. Varias firmas consultoras calculan una inflación entre el 150% y 200% para finales del 2015. Según datos de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y El Caribe, organismo adscrito a la ONU), la pobreza en Venezuela aumentó de 25% a 32% entre 2012 y 2013. La caída de las reservas internacionales en lo que va de 2015 es de un 25%. Es evidente la merma en la capacidad para hacer frente al gasto corriente y al endeudamiento, que sólo en el caso de lo adeudado a China supera los 56 mil millones de dólares. Algunas instituciones financieras advierten el peligro de una hiperinflación e incluso de default para 2016 (Bank of América).

En el plano social la situación no es menos grave. Venezuela se ubica dentro de los países con mayores niveles de inseguridad ciudadana y violencia criminal[2]. La capacidad de acción que ha alcanzado el crimen organizado mantiene sometida a la población. La actuación de grupos Colectivos, armados y amparados por el régimen chavista y de mega bandas criminales supera en muchos casos el poder de fuego y organización de las fuerzas represivas del Estado. Una red de corrupción y crimen involucra a las diferentes policías y funcionarios del Estado; el gobierno favoreció la acción de esos Colectivos y del mismo lumpen en la represión de las protestas, creando un monstruo de mil cabezas, que ahora reclama sus propios espacios de poder, escapando al control del Estado.

Las consecuencias de la agudización de la crisis económico-social las padece la población, la cual tiene que hacer largas filas (colas) durante muchas horas para adquirir algunos alimentos, momento que es aprovechado para expresar su indignación y su rabia ante las declaraciones gubernamentales, las cuales consideran no sólo mentirosas sino una burla a la precarización de sus condiciones de vida. El deterioro político de Nicolás Maduro y del partido oficialista (PSUV), que según diferentes encuestas acumula más de un 80% de rechazo, lo obliga a enfrentar simultáneamente varios escenarios: el del incremento de las protestas sociales, con saqueos en comercios de algunas ciudades y la perspectiva de una revuelta social; el de una derrota electoral y política en las elecciones parlamentarias de diciembre próximo, colocándolo ante la perspectiva de perder la mayoría en la Asamblea Nacional, lo cual afectaría de manera significativa el destino de la facción chavista de la clase dominante. Es ante esta situación, que echa mano de todas las artimañas y subterfugios jurídicos, para cerrar el camino a los sectores burgueses de oposición, quienes acusan al chavismo de crear una situación de conmoción con el cierre de la frontera para suspender o postergar las elecciones parlamentarias.

Por otro lado, el chavismo se encuentra en una situación cada vez más débil en el ámbito geopolítico, debido a la disminución de las capacidades de desarrollar su populismo basado en el ingreso petrolero, así como el deterioro de su imagen como Estado capaz de garantizar niveles mínimos de gobernabilidad, estabilidad social, de no ser un factor de confrontación e inestabilidad en la región. Los pronunciamientos de la ONU, la Unión Europea, de parlamentos nacionales (como recientemente ocurrió con el de España), ex presidentes y políticos a nivel regional y mundial en temas como el de los presos políticos, lo expone cada vez más a los ataques de sus opositores, socavando las alianzas hechas en el pasado y debilitando la estrategia imperialista de la burguesía venezolana en la región. Un ejemplo de ello, fue el fracaso de su reclamo territorial frente a Guyana, un país de menores dimensiones geográficas y económicas.

En este contexto, Maduro y su equipo de gobierno tratan de darle fuerza y credibilidad al argumento del “ataque externo a la economía venezolana”, intentando convencer a la población (sobre todo al sector que ha venido apoyando al chavismo) de que las políticas económicas del gobierno (de control de cambio, control de precios y confrontación con el capital privado) no son las que han agudizado la crisis, sino la “obsesión de la derecha internacional” de acabar con el proyecto del socialismo siglo XXI. Por ello, decide meterse en una dinámica de confrontación con Colombia, para intentar polarizar a la población, explotando aspectos como el nacionalismo y la “defensa de la patria”. La gravedad de la crisis socio-económica y la determinación de la burguesía chavista de mantenerse en el poder, los lleva a esta huída hacia adelante.

Por su parte, los reclamos del gobierno colombiano al de Maduro no se deben a la violación de los “derechos humanos” de los desplazados por la acción del gobierno venezolano, sino a que esta situación coloca en desventaja a las facciones de la burguesía colombiana que apoyan a Santos ante las elecciones de gobernadores y alcaldes de octubre próximo; debido a que las fuerzas que apoyan al ex presidente Álvaro Uribe han sacado el mayor provecho político al conflicto en la frontera presentando a Santos como débil e incapaz de enfrentar a la “dictadura” venezolana.

El conflicto colombo-venezolano ilustra de la manera más clara que a la burguesía, sea de tendencia de derecha o de izquierda, no les interesa para nada los sufrimientos de la población sino la defensa de sus asquerosos intereses de clase.

Los trabajadores no debemos hacernos eco de esta exacerbación nacionalista y patriotera que promueven las burguesías venezolana y colombiana. A lo largo de la historia el proletariado ha sabido alzar frente a este caos, defendiendo el internacionalismo proletario que se funda en el carácter internacional de una clase que tiene en sus manos la solución para destruir este régimen y levantar la nueva sociedad comunista. El establecimiento del Estado-Nación fue el principal instrumento de la burguesía mundial para impulsar el capitalismo e instaurar la explotación de los asalariados y es la plataforma desde la cual estructura la competencia y dirime sus conflictos. En este sentido, y como lo hemos sostenido siempre los marxistas, el proletariado no tiene patria que defender, es decir, la lucha por su emancipación se realiza fuera del terreno y los intereses de clase de la burguesía. Por otro lado, las relaciones capitalistas de producción (que son las que en realidad defienden Santos y Maduro) no son para nada humanas; todo lo contrario, ellas se han vuelto contra la humanidad, negándole toda posibilidad futura de bienestar, condenando a los trabajadores y al resto de las capas sociales a vivir un tipo de sociedad en la cual no tienen control de su vida, sometidos a la explotación, a las guerras, a condiciones de miseria.

La “defensa de los derechos humanos” no es más que un engaño al que recurren todas las burguesías, para crear la ilusión de que el Estado es un ente que puede llegar a proteger la integridad y el bienestar humano. Los trabajadores y sus minoría revolucionarias debemos desarrollar una profunda reflexión y un debate político que permita transformar la indignación que hoy sentimos y expresamos cotidianamente contra el caos, precariedad y barbarie a que nos somete el sistema, en un fortalecimiento de nuestra consciencia de clase, comprender la necesidad de desarrollar una lucha unida e internacional, que permita incorporar a otras capas no explotadoras en la tarea histórica de echar abajo las relaciones capitalistas de producción, única posibilidad de construir una sociedad verdaderamente humana.

Internacionalismo Venezuela, 20/9/2015

[1] Ver nuestras “Tesis sobre la Descomposición”, Revista Internacional nº 62, http://es.internationalism.org/node/2123.

[2] Al respecto ver nuestro artículo “Incremento de la violencia delictiva en Venezuela: Expresión del drama de la descomposición del capitalismo” http://es.internationalism.org/node/3417.

 

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