Una toma de posición sobre la "huelga" del 8 de junio

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Pensemos en un
funcionario medio que ganaba, hasta hace unos meses, 1.200 euros. Con ellos
mantenía una familia de cuatro miembros, uno de ellos estudiante y que vive
fuera del domicilio familiar. A excepción de la hipoteca, con ese dinero tenía
que solventar todos los gastos mensuales para que luego, a finales de mes, su
cuenta bancaria quedase al descubierto. Pero el señor Rodríguez Zapatero quiso
ponérselo un poquito más difícil, y anunció que recortaría un promedio de un 5%
a los funcionarios en el marco de un Plan de Ajuste que nos permita llegar al
2013 con un déficit fiscal del 3% (actualmente ronda el 11.2%). En el caso
particular que estamos tratando, 1.100 euros es la nueva nómina que este
funcionario posee para pagar al mes su libertad; y siguen siendo cuatro
personas que mantener y una de ellas sigue estudiando fuera.

El revuelo que levantó
las medidas adoptadas por el Ejecutivo Zapatero fue enorme. Y no es de extrañar
al ser éste uno de los mayores recortes de los derechos de los trabajadores
desde la llegada de la falsa democracia. No dejaba de ser un lugar común esta
cantinela que ponía de acuerdo a todos los sectores de la izquierda, comenzando
con los sindicatos del sistema que no bien se dieron a conocer las medidas ya
estaban preparando movilizaciones para lograr expresar el descontento
ciudadano. Cuando en amplios sectores de los trabajadores empezaba a fermentar
un verdadero descontento ante la nueva situación, CCOO-UGT se vieron abocados a
atender oportunistamente esa insatisfacción, con afán de intentar recuperar la
legitimidad perdida tras años de ‘Paz Social', de juego fascistoide mediante el
pisoteo sistemático de las reivindicaciones de los trabajadores. Para lograrlo,
primer dieron tiempo al Ejecutivo para "explicar sus medidas". En el momento en
el que estuvieron convencidos de que el Plan de Ajuste era una auténtica
declaración de guerra y un ataque frontal a las condiciones de millones de
trabajadores y personas dependientes, los sindicatos no tuvieron más opción que
convocar un nuevo desfile militar de veinticuatro horas para acallar las voces
discrepantes con lo que había sido su histórica gestión.

Como dar pie a una
Huelga General, aunque fuese de 24 horas, era servir en bandeja las cabezas de
Cándido Méndez y Toxo Fernández; se optó por focalizar la convocatoria de la
jornada de lucha al sector del funcionariado, donde el grado de heterogeneidad
salarial es considerablemente más elevado. Volvían a programar una división de
las fuerzas de la clase trabajadora al pretender falazmente discernir el ataque
entre "los jodidos del sector público" y "los jodidos del sector privado". La
lógica de esta práctica atiende a un lavado de imagen de los sindicatos del
Régimen llamando a las movilizaciones a la vez que se evitaba poner en jaque al
Gobierno, que ni se inmutó ante una convocatoria con un seguimiento desigual y
bastante limitado para según qué servicios. Ni hubo asambleas de trabajadores,
ni verdaderas campañas informativas ni nada que incitara realmente a pensar que
hubo un disposición a lograr algo con una movilización que se hacía de esperar
por parte de CCOO-UGT (una y la misma central sindical, al más puro estilo de
la sindicalización obligatoria franquista).

Pese a lo
anteriormente expuesto, la
Huelga de funcionarios pactada con el Gobierno no fue
criticada prácticamente por ningún grupo o partido "izquierdista". En su
mayoría, optaron por hacer el juego a los perros de presa del Régimen y
apoyaron resueltamente la convocatoria; intentando, sin embargo, curarse en
salud lanzando consignas acerca de una Huelga general total vacías de contenido
en la praxis. CNT, anarcosindicalista y sección de la AIT en el Estado español, fue
el único grupo que realmente se opuso a la convocatoria, condenándola de
interesada y estéril. Aunque de escasa capacidad de movilización, su contenido
programático parecía gozar de la seriedad necesaria de un grupo proletario
revolucionario. Luego apoyó la convocatoria del 29-J en Euskal Herria y cayó
todo por la borda. También el Sindicato de Estudiantes apoyó el 8-J y vino a poner
de manifiesto, una vez más, su verdadera condición de agentes colaboracionistas
de los sindicatos mayoritarios. Los trotskistas de EL MILITANTE, quienes
controlan el Sindicato de Estudiantes, no dudaron en defender con uñas y sangre
la convocatoria de CCOO-UGT y poner a disposición de la central sindical
española todas sus fuerzas para continuar con una Huelga General y un plan de lucha
obrero. Las declaraciones del Secretario general, Tohil Delgado, eran realmente
clarificadoras, pues aún confían en un
"viraje a la izquierda de Zapatero" o que la presión de las bases logre "hacer
que la burocracia convoque Huelga general".

Lo que más nos debe de
llamar la atención como estudiantes que somos es el hecho de que no dudaron en
pretender arrastrarnos hacia una jornada de lucha fútil y servil a pesar de
encontrarnos en mitad del periodo final de exámenes. No entendemos muy bien qué
pretendían convocando a los estudiantes el 8 de junio, cuando la Selectividad estaba a
punto de empezar o ya había empezado en muchas comunidades y los universitarios
estábamos a una semana vista de los exámenes de junio. El frustrado Pacto de
Educación, la subida de tasas o el Artículo 27[1]
no fueron motivos suficientes como para llamarnos a intentar organizar una
respuesta estudiantil seria y decidida. Tuvo que ser la burocracia a la que
dicen combatir la que viniera a despertar en sus conciencias la necesidad de
actuar y llamarnos a la lucha tras un año de postración y continuos ataques y
engaños.

Es por todo ello que
rechazamos resueltamente la convocatoria del 8 de junio en todos sus extremos.
Ahora que la combatividad obrera empieza de nuevo a renacer, esta jornada de
lucha convocadas desde arriba y sin ningún ánimo de tener una repercusión real
no es expresión de la fuerza que los trabajadores y estudiantes vamos
adquiriendo con el curso de los acontecimientos; sino justo al contrario son
manifestaciones de nuestra debilidad, ya que dependemos de un llamamiento de
las putas de lujo del capital absolutamente interesado y que no se corresponde
a los verdaderos intereses del momento de la clase obrera. También rechazamos
el papel adoptado por el resto de sindicatos y partidos políticos de "la
izquierda", que como mansas ovejitas siguieron el camino marcado por el
sindicato del patrón; aceptando, con mayor o menor reticencia, que la Huelga de funcionarios del
8 de junio era necesaria y hasta deseable.

No quiere decir esto
que el Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudiantil no defienda los
derechos de los trabajadores en general, y las reivindicaciones de los
funcionarios en particular; sino que las formas en las que las reivindicaciones
fueron llevadas a la calle nos parecen oportunistas e interesadas. En vez de
constituirse grupos de trabajo, asambleas y demás que permitiesen a los
trabajadores responder de modo contundente a la declaración de guerra del
Gobierno Zapatero; lo que vivimos fue indefensión, desconocimiento,
delegacionismo y, finalmente, frustración; tanto del trabajador que vio perder
un día de salario para que no sirviera de nada como de aquel que seguía
trabajando mientras a su alrededor, los referentes del proletariado se daban un
paseíllo triunfal y ensalzaban las loas de los perros de Zapatero Fernández
Toxo y Cándido Méndez.


[1]
El Artículo 27 fue una medida adoptada en el Reglamento General de la Universidad de Sevilla
en el que se nos obligaba a matricularnos de todas aquellas asignaturas que
tuviésemos suspensas de años anteriores. Si bien es cierto que la medida,
planteada desde la perspectiva de la necesidad de una matriculación ordenada,
era correcta; sus consecuencias no lo fueron tanto: matrículas con precios
desorbitados, estudiantes que trabajaban que no podían compaginar su vida
estudiante y laboral, y un largo etcétera. Aún estamos a la espera de escuchar
lo que el Sindicato de Estudiantes tuviese que decir.

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