Una toma de posición sobre la "huelga" del 8 de junio

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Pensemos en un funcionario medio que ganaba, hasta hace unos meses, 1.200 euros. Con ellos mantenía una familia de cuatro miembros, uno de ellos estudiante y que vive fuera del domicilio familiar. A excepción de la hipoteca, con ese dinero tenía que solventar todos los gastos mensuales para que luego, a finales de mes, su cuenta bancaria quedase al descubierto. Pero el señor Rodríguez Zapatero quiso ponérselo un poquito más difícil, y anunció que recortaría un promedio de un 5% a los funcionarios en el marco de un Plan de Ajuste que nos permita llegar al 2013 con un déficit fiscal del 3% (actualmente ronda el 11.2%). En el caso particular que estamos tratando, 1.100 euros es la nueva nómina que este funcionario posee para pagar al mes su libertad; y siguen siendo cuatro personas que mantener y una de ellas sigue estudiando fuera.

El revuelo que levantó las medidas adoptadas por el Ejecutivo Zapatero fue enorme. Y no es de extrañar al ser éste uno de los mayores recortes de los derechos de los trabajadores desde la llegada de la falsa democracia. No dejaba de ser un lugar común esta cantinela que ponía de acuerdo a todos los sectores de la izquierda, comenzando con los sindicatos del sistema que no bien se dieron a conocer las medidas ya estaban preparando movilizaciones para lograr expresar el descontento ciudadano. Cuando en amplios sectores de los trabajadores empezaba a fermentar un verdadero descontento ante la nueva situación, CCOO-UGT se vieron abocados a atender oportunistamente esa insatisfacción, con afán de intentar recuperar la legitimidad perdida tras años de ‘Paz Social', de juego fascistoide mediante el pisoteo sistemático de las reivindicaciones de los trabajadores. Para lograrlo, primer dieron tiempo al Ejecutivo para "explicar sus medidas". En el momento en el que estuvieron convencidos de que el Plan de Ajuste era una auténtica declaración de guerra y un ataque frontal a las condiciones de millones de trabajadores y personas dependientes, los sindicatos no tuvieron más opción que convocar un nuevo desfile militar de veinticuatro horas para acallar las voces discrepantes con lo que había sido su histórica gestión.

Como dar pie a una Huelga General, aunque fuese de 24 horas, era servir en bandeja las cabezas de Cándido Méndez y Toxo Fernández; se optó por focalizar la convocatoria de la jornada de lucha al sector del funcionariado, donde el grado de heterogeneidad salarial es considerablemente más elevado. Volvían a programar una división de las fuerzas de la clase trabajadora al pretender falazmente discernir el ataque entre "los jodidos del sector público" y "los jodidos del sector privado". La lógica de esta práctica atiende a un lavado de imagen de los sindicatos del Régimen llamando a las movilizaciones a la vez que se evitaba poner en jaque al Gobierno, que ni se inmutó ante una convocatoria con un seguimiento desigual y bastante limitado para según qué servicios. Ni hubo asambleas de trabajadores, ni verdaderas campañas informativas ni nada que incitara realmente a pensar que hubo un disposición a lograr algo con una movilización que se hacía de esperar por parte de CCOO-UGT (una y la misma central sindical, al más puro estilo de la sindicalización obligatoria franquista).

Pese a lo anteriormente expuesto, la Huelga de funcionarios pactada con el Gobierno no fue criticada prácticamente por ningún grupo o partido "izquierdista". En su mayoría, optaron por hacer el juego a los perros de presa del Régimen y apoyaron resueltamente la convocatoria; intentando, sin embargo, curarse en salud lanzando consignas acerca de una Huelga general total vacías de contenido en la praxis. CNT, anarcosindicalista y sección de la AIT en el Estado español, fue el único grupo que realmente se opuso a la convocatoria, condenándola de interesada y estéril. Aunque de escasa capacidad de movilización, su contenido programático parecía gozar de la seriedad necesaria de un grupo proletario revolucionario. Luego apoyó la convocatoria del 29-J en Euskal Herria y cayó todo por la borda. También el Sindicato de Estudiantes apoyó el 8-J y vino a poner de manifiesto, una vez más, su verdadera condición de agentes colaboracionistas de los sindicatos mayoritarios. Los trotskistas de EL MILITANTE, quienes controlan el Sindicato de Estudiantes, no dudaron en defender con uñas y sangre la convocatoria de CCOO-UGT y poner a disposición de la central sindical española todas sus fuerzas para continuar con una Huelga General y un plan de lucha obrero. Las declaraciones del Secretario general, Tohil Delgado, eran realmente clarificadoras, pues aún confían en un "viraje a la izquierda de Zapatero" o que la presión de las bases logre "hacer que la burocracia convoque Huelga general".

Lo que más nos debe de llamar la atención como estudiantes que somos es el hecho de que no dudaron en pretender arrastrarnos hacia una jornada de lucha fútil y servil a pesar de encontrarnos en mitad del periodo final de exámenes. No entendemos muy bien qué pretendían convocando a los estudiantes el 8 de junio, cuando la Selectividad estaba a punto de empezar o ya había empezado en muchas comunidades y los universitarios estábamos a una semana vista de los exámenes de junio. El frustrado Pacto de Educación, la subida de tasas o el Artículo 27[1] no fueron motivos suficientes como para llamarnos a intentar organizar una respuesta estudiantil seria y decidida. Tuvo que ser la burocracia a la que dicen combatir la que viniera a despertar en sus conciencias la necesidad de actuar y llamarnos a la lucha tras un año de postración y continuos ataques y engaños.

Es por todo ello que rechazamos resueltamente la convocatoria del 8 de junio en todos sus extremos. Ahora que la combatividad obrera empieza de nuevo a renacer, esta jornada de lucha convocadas desde arriba y sin ningún ánimo de tener una repercusión real no es expresión de la fuerza que los trabajadores y estudiantes vamos adquiriendo con el curso de los acontecimientos; sino justo al contrario son manifestaciones de nuestra debilidad, ya que dependemos de un llamamiento de las putas de lujo del capital absolutamente interesado y que no se corresponde a los verdaderos intereses del momento de la clase obrera. También rechazamos el papel adoptado por el resto de sindicatos y partidos políticos de "la izquierda", que como mansas ovejitas siguieron el camino marcado por el sindicato del patrón; aceptando, con mayor o menor reticencia, que la Huelga de funcionarios del 8 de junio era necesaria y hasta deseable.

No quiere decir esto que el Colectivo Revolucionario Espartaquista Estudiantil no defienda los derechos de los trabajadores en general, y las reivindicaciones de los funcionarios en particular; sino que las formas en las que las reivindicaciones fueron llevadas a la calle nos parecen oportunistas e interesadas. En vez de constituirse grupos de trabajo, asambleas y demás que permitiesen a los trabajadores responder de modo contundente a la declaración de guerra del Gobierno Zapatero; lo que vivimos fue indefensión, desconocimiento, delegacionismo y, finalmente, frustración; tanto del trabajador que vio perder un día de salario para que no sirviera de nada como de aquel que seguía trabajando mientras a su alrededor, los referentes del proletariado se daban un paseíllo triunfal y ensalzaban las loas de los perros de Zapatero Fernández Toxo y Cándido Méndez.


[1] El Artículo 27 fue una medida adoptada en el Reglamento General de la Universidad de Sevilla en el que se nos obligaba a matricularnos de todas aquellas asignaturas que tuviésemos suspensas de años anteriores. Si bien es cierto que la medida, planteada desde la perspectiva de la necesidad de una matriculación ordenada, era correcta; sus consecuencias no lo fueron tanto: matrículas con precios desorbitados, estudiantes que trabajaban que no podían compaginar su vida estudiante y laboral, y un largo etcétera. Aún estamos a la espera de escuchar lo que el Sindicato de Estudiantes tuviese que decir.