El desmantelamiento de la Seguridad Social muestra la quiebra del capitalismo

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Con su nuevo plan de «salvamento de la Seguridad social»,
el gobierno Raffarin se apresta de nuevo a reducir los costes del
salario social. Esta vez le toca a la sanidad asumir las
consecuencias de este plan de austeridad, tras los significativos
ataques de la primavera pasada contra las pensiones de jubilación,
y los de Enero contra las indemnizaciones por desempleo. Lejos de
ser una especificidad nacional, estos ataques se desarrollan y se
generalizan en el conjunto de países capitalistas que
habían desarrollado el llamado «Estado del bienestar»
a finales de la IIª guerra mundial para reconstruir su
economía devastada, y que por eso necesitaban una mano de
obra saludable. El ataque actual al sistema de asistencia médica
en Francia, como el de hace unos meses en Alemania, significa el
fin del «Estado del bienestar» y hace volar en pedazos
el mito de los «logros sociales». Este ataque desvela
que, frente a la profundización de la crisis económica,
al desarrollo del paro masivo, la burguesía no puede seguir
manteniendo una gran cantidad de fuerza de trabajo. La
supervivencia del capitalismo pasa por una intensificación
de la productividad del trabajo, la búsqueda de mano de
obra lo más barata posible, reduciendo además sus
gastos de mantenimiento. Para muchos proletarios esto significa la
precariedad y la miseria, e incluso la exclusión definitiva
del sistema de producción o la muerte, como se pudo
constatar durante la ola de calor del verano pasado respecto a los
más desvalidos (ancianos, discapacitados, «sin
techo»).

Este ataque masivo a la asistencia sanitaria necesita una
respuesta masiva y unitaria del conjunto de la clase obrera
(empleados, desempleados y jubilados); pero los sindicatos y sus
cómplices trotskistas y «altermundialistas»
desvían la reflexión obrera sobre la quiebra del
capitalismo hacia medidas ilusorias para «salvar la
seguridad social». Este ataque frontal a la cobertura social
significa que desaparece un nuevo sector del «Estado del
bienestar» bajo los golpes de la crisis económica;
pero nuestros defensores de la Seguridad social lanzan una y otra
vez la misma mentira: «La Seguridad social es una conquista
de la lucha obrera, ganada a finales de la IIª guerra mundial
en continuidad con los logros sociales del Frente Popular de
1936». Frente a esta nueva falsificación de la
historia que llevan a cabo el conjunto de fuerzas de la izquierda,
izquierdistas y sindicatos, es necesario restablecer la verdad,
apoyándose en una breve apreciación histórica
del establecimiento de la asistencia social, y después del
significado de la creación de la Seguridad social en 1945,
desde el punto de vista de las necesidades del capitalismo. Esta
reafirmación del análisis marxista, permite
comprender que lo que pretende la burguesía blandiendo los
oropeles de la Seguridad social, es ocultar al proletariado la
quiebra histórica del «Estado del bienestar»..

De la solidaridad
política del proletariado a su encuadramiento ideológico
por el Estado capitalista

Durante la segunda mitad del s XIX, en la fase de desarrollo
del capitalismo, el proletariado desarrolló sus propios
«fondos de huelga» o «de socorro», sus
mutuas para los casos de enfermedad o despido, al principio para
poder mantener la lucha por sus reivindicaciones (reducción
de la jornada laboral, prohibición de la explotación
de los niños y del trabajo de noche para las mujeres,
etc.). Los sindicatos obreros, a menudo, gestionaban la práctica
de esa solidaridad económica en el seno de la clase obrera.
Pero esa solidaridad tenía un sentido político, ya
que en el curso de las luchas por arrancar una mejora de sus
condiciones de vida y reformas políticas, el proletariado
se constituye en clase y plantea la perspectiva, cuando maduren
las condiciones económicas, de la toma del poder político
y la construcción de la sociedad comunista.

Con el desarrollo de la masacre de la Iª guerra mundial el
capitalismo sella el fin de su expansión económica y
su entrada en una fase de decadencia, que se caracteriza por una
absorción de la sociedad civil por el Estadol. La burguesía
tiene que imponer su dominación de clase sobre el conjunto
de la vida económica, social y política, y el Estado
va a encargarse de eso.

Frente a este cambio de periodo, los sindicatos van a
convertirse en una fuerza de encuadramiento de la clase obrera, al
servicio del capital.

«El Estado mantiene las formas de organización
de los obreros (sindicatos) para encuadrarlos y mistificarlos
mejor. El sindicato se convierte en un engranaje del Estado, y
como tal, se interesa por desarrollar la productividad, es decir,
por aumentar la explotación del trabajo. El sindicato fue
el órgano de defensa de los obreros mientras la lucha
económica tuvo un sentido histórico. Vaciado de su
contenido antiguo, el sindicato se convierte, sin cambiar de
forma, en un instrumento de represión ideológica del
capitalismo de Estado y de control sobre la fuerza de trabajo.»

(«Sobre el capitalismo de Estado», Internacionalismo
1952, retomado en la Revista Internacional nº 21, 2º
trimestre 1980)

Así el Estado se apropia directamente, o por medio de su
policía sindical, de los diferentes fondos de socorro y
mutuas obreras y vacía de su contenido político la
noción misma de solidaridad obrera.

“ La burguesía retiró la solidaridad
política de manos del proletariado para transferirla como
solidaridad económica en manos del Estado. Al dividir el
salario en una retribución directa por parte del patrón
y una indirecta por parte del Estado, la burguesía ha
consolidado la mistificación que consiste en presentar al
Estado como órgano por encima de las clases, garante del
interés común y de la seguridad social de la clase
obrera. La burguesía había logrado vincular material
e ideológicamente a la clase obrera al Estado...” (
Revista Internacional 115, pag 12).

No solamente la burguesía hace aparecer el Estado como
defensor de las clases trabajadoras, sino que la tentativa de
organizar los primeros seguros sociales también tiene por
objetivo encuadrar al proletariado.

En la década de 1920-30, lo que impulsa el proyecto de
asistencia social es la voluntad de instaurar la paz social a
través de la participación de los obreros en la
gestión nacional, como señala el informe Cerinda:

«En los consejos de administración de los
seguros sociales se verán realizados el acercamiento y la
colaboración fraternal de clases; asalariados y empresarios
no defenderán intereses antagónicos; estarán
unidos por un mismo pensamiento: combatir los dos grandes azotes
de los trabajadores, la enfermedad y la miseria. Este contacto
permanente preparará la asociación cada vez más
estrecha del capital y del trabajo.»
(Cita pag. 86 del
libro de Bruno Palier, Gobernar la Seguridad social,
ediciones PUF).

A pesar de esta voluntad política del Estado, de la
patronal y los sindicatos, de poner en práctica este
proyecto de seguros sociales obligatorios, hasta la IIª
guerra mundial el Consejo Nacional de la Resistencia no tendrá
a punto la organización del régimen general de la
Seguridad social.

1945: la creación
de la Seguridad social, una mistificación al servicio de la
reconstrucción nacional

En el curso de la segunda carnicería mundial, la
burguesía, consciente de los millones de víctimas
que va a provocar el conflicto militar, y de las destrucciones y
daños para la economía mundial, se aplica a dar una
justificación moral a su propia barbarie.

«En un mensaje solemne al congreso pronunciado el 6 de
Enero de 1941, el presidente Roosvelt fue el primero en dar una
justificación moral al conflicto, asignándole
esencialmente el objetivo de “liberar de la necesidad”
a las masas. Ese movimiento culmina en mayo de 1944 con la
declaración de Filadelfia de la Organización
Internacional del Trabajo, por la que los países miembros
hacen de la realización de una verdadera seguridad social
un objetivo prioritario de la posguerra. En consecuencia, la
seguridad social ocupa un lugar importante en los fines de guerra
definidos por los Aliados.»
(Historia de la Seguridad
social, 1945-1967, pag. 30, Bruno Valat, Ed. Económica)

Desde 1941, Inglaterra pone en marcha el desarrollo de
subsidios familiares y el “plan Beveridge” en 1942; en
plena guerra, crea una cobertura social estatal para sostener el
esfuerzo de guerra y la moral de las tropas. En Bélgica, es
en 1944 cuando se crea un sistema obligatorio de seguridad
colectiva bajo control del Estado. De igual manera, a lo largo de
los años 50 el “Generalisimo” Franco puso en
marcha en España el desarrollo de un raquítico
Estado “social”.

En Francia, mientras una parte de la burguesía está
en el gobierno de Vichy(1), la otra parte, en el
exilio, con el general de Gaulle a su frente, retoma esta
preocupación y declara en Abril de 1942 en un mensaje
solemne a la resistencia: «La seguridad nacional y la
seguridad social son para nosotros objetivos imperativos y
conjugados»
(Bruno Valat, Idem). Tampoco es sorprendente
que el programa de marzo de 1944 del Consejo Nacional de la
Resistencia, donde son mayoritarios los estalinistas del PCF,
reclame un plan completo de Seguridad social, que asegure los
medios de subsistencia a todos los ciudadanos.

Así, lejos de ser una victoria obrera, lo que explica el
origen de la generalización de los sistemas de protección
social es sobre todo la capacidad de la burguesía
internacional para preveer el encuadramiento del proletariado al
final de la guerra con vistas al esfuerzo de reconstrucción.
Los años de posguerra son terribles para las condiciones de
vida del proletariado. Los salarios están bloqueados desde
la guerra y la inflación es galopante, dopada por un
mercado negro floreciente; las cartillas de racionamiento, que
existen desde la ocupación, se mantienen hasta 1950,
incluyendo la electricidad y la gasolina. La ración de pan,
que es de 200 grs en el verano de 1947, sólo llega a 250
grs. en Junio de 1948. El producto nacional ese año (1948)
aún es un 4% inferior al de 1938. A los bajos salarios y la
penuria alimentaria se unen unas condiciones sanitarias
deplorables y una demografía catastrófica. La
mortalidad infantil en 1946 es de más del 84% y la
población adolescente sufre raquitismo. Frente a esta
situación, la burguesía sabe que no podrá
reconstruir el capital nacional con una clase obrera tan
debilitada, tanto más si se tienen en cuenta las pérdidas
de vidas humanas de la guerra, que hacen que la mano de obra
escasee. La creación de la Seguridad social y la asistencia
médico-sanitaria es pues el medio de suministrar una fuerza
de trabajo y mantenerla, conforme a las exigencias de la
reconstrucción. A cambio de una sobreexplotación (la
duración del trabajo semanal es de 44 h. en 1946 y 45 en
1947), el proletariado va a tener acceso a una cobertura social
que le permita reconstruir su fuerza de trabajo. Pierre Laroque,
alto funcionario encargado de poner en marcha la Seguridad social
con la ordenanza del 4 de Octubre de 1945, es explícito
respecto a sus objetivos, aunque envuelva la mercancía en
un celofán humanista:

«El objetivo era garantizar a la masa de trabajadores,
empezando por los asalariados, una seguridad en el porvenir. Esto
iba parejo con una transformación social e incluso
económica: el esfuerzo que se les pedía para poner
en marcha la economía había de tener una
contrapartida».

Como comenta Bruno Palier: «En 1945 se precisa también
una inversión política inmediata, que ha de permitir
obtener la participación de los asalariados en los trabajos
de reconstrucción (...) Esta dimensión del plan
francés de Seguridad social, contrapartida a los esfuerzos
de reconstrucción (y a la moderación de los aumentos
de los salarios directos), que aparece como una especie de
contrato social de la Liberación»
(id.)

Frente a las críticas de ciertos parlamentarios, que
estiman demasiado importante el costo financiero de la Seguridad
social, el socialista Daniel Mayer, ministro de trabajo en 1949,
responde: «Todo industrial considera como normal y
necesario consignar en sus gastos las sumas indispensables para el
mantenimiento de su material. La Seguridad social, en gran medida,
representa el mantenimiento del capital humano del país,
que es tan necesario para los empresarios como las máquinas.
En la medida en que la Seguridad social contribuye a conservar el
capital humano, a desarrollar ese capital, aporta una ayuda a la
economía que no habría que subestimar.» (
Bruno
Valat, Idem)

Por eso en un primer momento, la Seguridad social se reservará
para los trabajadores asalariados, puesto que la burguesía
cuenta con ellos para reenderezar el país, y se demorará
para después la aplicación del régimen a la
población no asalariada. Podemos calibrar pues la mentira
de los sindicatos de que la creación del “Seguro”
es una conquista obrera; cuando esta “concesión”
se hace en realidad al precio de una sobreexplotación sin
medida de la fuerza de trabajo. Así, en 1950, la industria
francesa casi ha igualado el nivel de producción de 1929.
Como en 1936, los estalinistas (PCF), gracias a su implicación
en el seno de la resistencia, van a jugar un papel determinante en
el enrolamiento del proletariado para la reconstrucción.
Varios ministros comunistas van a estar presentes en el gobierno
del general de Gaulle, llamando al proletariado por boca de su
líder Thorez, a “arremangarse” para reconstruir
el país y denunciando la huelga como “el arma de los
monopolios”; igualmente, la CGT tendrá el monopolio
de la presidencia de las cajas de seguro social hasta 1947 (ver
nuestro folleto, en francés: Cómo el PCF pasó
al servicio del capital). Después los otros sindicatos
sucederán a la CGT.

El fin del Estado del
bienestar

Si en los años que siguieron a la guerra, la Seguridad
social va a ampliarse al conjunto de la población, desde el
comienzo de los años 70, los primeros signos de la crisis
económica hacen doblar las campanas por esas políticas
sociales. La Seguridad social en sí no podía
funcionar mas que en la medida en que el capitalismo podía
garantizar el pleno empleo. El desarrollo del desempleo hace que
los gastos sociales aumenten más rápido que el
Producto interior Bruto (PIB). Frente a esta situación, la
burguesía responde por medidas Keynesianas de relanzamiento
del consumo, particularmente aumentando y creando nuevas
prestaciones para familias sin recursos. Desde el punto de vista
de la gestión del capitalismo, esas medidas van a aumentar
de manera considerable los déficits públicos. De ahí
en adelante, de 1975 hasta hoy, la burguesía no va a cesar
de correr tras los déficits, destacando particularmente el
famoso “agujero del Seguro”, que parece un pozo sin
fondo, a pesar de los aumentos permanentes de las cotizaciones
sociales y de las repetidas disminuciones de las prestaciones
sociales. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, los
gobiernos sucesivos de derecha e izquierda van a hacer gala de un
ingenio sin límites para inventar todo tipo de impuestos
(alcohol, tabaco, gasolina), y crear nuevas cotizaciones (CSG),
que se acompañan de múltiples recortes sucesivos,
tanto de las prestaciones sanitarias, como de las pensiones y los
subsidios de desempleo. ¡El balance es inapelable! No sólo
la clase obrera que aún tiene trabajo ve recortada una
parte cada vez más importante de su salario para financiar
los déficits y para pagar mutuas complementarias, sino que
además el sistema de prestaciones se degrada, tomando en
cuenta las reducciones de efectivos en el sector de la sanidad y
los repetidos planes de austeridad. Para el resto de la clase
obrera y de la población, la perspectiva es más
pauperización y exclusión social.

Así, lejos de ser una conquista obrera, la Seguridad
social es, al contrario, un órgano de encuadramiento
estatal real. Como los sindicatos participan en la gestión
de los seguros de enfermedad junto a los patronos, y también
en la de las pensiones y los subsidios de desempleo, esa gestión
paritaria genera la ilusión de que se puede hacer una
política que va en el sentido de los intereses de los
trabajadores (2).

Más que nunca, los nuevos ataques a las prestaciones
sanitarias significan la quiebra del capitalismo, el fin del
Estado del bienestar y del mito de una cobertura social “de
la cuna a la tumba”. Si los revolucionarios somos
solidarios con nuestra clase frente a los ataques, tanto al
salario directo como al salario social, al mismo tiempo
denunciamos con virulencia el mito de una Seguridad social
producto del Estado que estaría por encima de las clases
sociales y velaría por el bienestar de los obreros. La
preocupación del capitalismo en 1945 era tener una mano de
obra con buena salud, para llevar a cabo la reconstrucción.
En 2004, ante una reserva sin fin de mano de obra, el capitalismo
tiene que sacrificar una parte creciente de proletarios para
mantener a bajo coste el precio de la fuerza de trabajo, aunque
sea a costa de dejar morir a los demás.

«No es necesario señalar que, si la sociedad
socialista defiende al individuo contra la enfermedad o los
riesgos de la existencia, sus objetivos no son los de la Seguridad
social capitalista. Esta sólo tiene sentido en el cuadro de
la explotación del trabajo humano y en función de
ese cuadro; no es mas que un apéndice del sistema.»

(Internationalisme 1952, Op cit, retomado en la Revista
Internacional nº 21)

Donald (20 de Junio)

Artículo traducido de Revolution Internationale, Julio
2004, publicación en Francia de la CCI.

(1)El discurso de presentar
el gobierno de unión nacional de 1945 de la “Liberación”
en ruptura política con el régimen de Vichy, es pura
mentira. No sólo los partidos de la resistencia,
reagrupados alrededor del general de Gaulle, van a retomar lo que
a nivel social existía con Petain (tomado del modelo alemán
de Bismark) y ampliarlo, particularmente la creación de una
pensión para los trabajadores viejos y los subsidios
familiares (medidas adoptadas al final de la 3ª República),
sino que son los mismos altos funcionarios y la misma
administración de Vichy los que pondrán en marcha la
Seguridad social. Cualquiera que sea el régimen, la
continuidad del Estado capitalista está siempre preservada
(ver respecto a esto el libro de Robert O. Paxton, La France de
Vichy
, 1940-44, éditions du Seuil, pag. 309)

(2)No sólo los
sindicatos son un engranaje del Estado; además viven de
forma parásita a expensas de la clase obrera. De hecho una
de las razones por las que los sindicatos se aplican tanto a
preservar su participación en la gestión de las
prestaciones sociales, es que el Estado les entrega las
subvenciones consecuentes para eso, gracias a las múltiples
cotizaciones que pagan los obreros. «El maná del
seguro de enfermedad también toma una forma contante y
sonante. El conjunto de los participantes recibe créditos a
título de gastos para la formación de
administradores y de secretaría técnica, y además
los sindicatos cobran fondos para la formación en
cuestiones de Seguridad social. En 1994, según cifras del
tesoro nacional, la CGT ha recibido 10 millones de francos, FO 9,9
millones, la CFDT 9,3 millones, la CGC 6,2 millones y la CFTC 5,6
millones (con cerca de 3 millones para la patronal). En total, de
1991 a 1994, la CNAM ha derivado 181,7 millones a los agentes
sociales, sin gran control sobre su utilización...»
(Les Echos, 28 Junio 1995)

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