El desmantelamiento de la Seguridad Social muestra la quiebra del capitalismo

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Con su nuevo plan de «salvamento de la Seguridad social», el gobierno Raffarin se apresta de nuevo a reducir los costes del salario social. Esta vez le toca a la sanidad asumir las consecuencias de este plan de austeridad, tras los significativos ataques de la primavera pasada contra las pensiones de jubilación, y los de Enero contra las indemnizaciones por desempleo. Lejos de ser una especificidad nacional, estos ataques se desarrollan y se generalizan en el conjunto de países capitalistas que habían desarrollado el llamado «Estado del bienestar» a finales de la IIª guerra mundial para reconstruir su economía devastada, y que por eso necesitaban una mano de obra saludable. El ataque actual al sistema de asistencia médica en Francia, como el de hace unos meses en Alemania, significa el fin del «Estado del bienestar» y hace volar en pedazos el mito de los «logros sociales». Este ataque desvela que, frente a la profundización de la crisis económica, al desarrollo del paro masivo, la burguesía no puede seguir manteniendo una gran cantidad de fuerza de trabajo. La supervivencia del capitalismo pasa por una intensificación de la productividad del trabajo, la búsqueda de mano de obra lo más barata posible, reduciendo además sus gastos de mantenimiento. Para muchos proletarios esto significa la precariedad y la miseria, e incluso la exclusión definitiva del sistema de producción o la muerte, como se pudo constatar durante la ola de calor del verano pasado respecto a los más desvalidos (ancianos, discapacitados, «sin techo»).

Este ataque masivo a la asistencia sanitaria necesita una respuesta masiva y unitaria del conjunto de la clase obrera (empleados, desempleados y jubilados); pero los sindicatos y sus cómplices trotskistas y «altermundialistas» desvían la reflexión obrera sobre la quiebra del capitalismo hacia medidas ilusorias para «salvar la seguridad social». Este ataque frontal a la cobertura social significa que desaparece un nuevo sector del «Estado del bienestar» bajo los golpes de la crisis económica; pero nuestros defensores de la Seguridad social lanzan una y otra vez la misma mentira: «La Seguridad social es una conquista de la lucha obrera, ganada a finales de la IIª guerra mundial en continuidad con los logros sociales del Frente Popular de 1936». Frente a esta nueva falsificación de la historia que llevan a cabo el conjunto de fuerzas de la izquierda, izquierdistas y sindicatos, es necesario restablecer la verdad, apoyándose en una breve apreciación histórica del establecimiento de la asistencia social, y después del significado de la creación de la Seguridad social en 1945, desde el punto de vista de las necesidades del capitalismo. Esta reafirmación del análisis marxista, permite comprender que lo que pretende la burguesía blandiendo los oropeles de la Seguridad social, es ocultar al proletariado la quiebra histórica del «Estado del bienestar»..

De la solidaridad política del proletariado a su encuadramiento ideológico por el Estado capitalista

Durante la segunda mitad del s XIX, en la fase de desarrollo del capitalismo, el proletariado desarrolló sus propios «fondos de huelga» o «de socorro», sus mutuas para los casos de enfermedad o despido, al principio para poder mantener la lucha por sus reivindicaciones (reducción de la jornada laboral, prohibición de la explotación de los niños y del trabajo de noche para las mujeres, etc.). Los sindicatos obreros, a menudo, gestionaban la práctica de esa solidaridad económica en el seno de la clase obrera. Pero esa solidaridad tenía un sentido político, ya que en el curso de las luchas por arrancar una mejora de sus condiciones de vida y reformas políticas, el proletariado se constituye en clase y plantea la perspectiva, cuando maduren las condiciones económicas, de la toma del poder político y la construcción de la sociedad comunista.

Con el desarrollo de la masacre de la Iª guerra mundial el capitalismo sella el fin de su expansión económica y su entrada en una fase de decadencia, que se caracteriza por una absorción de la sociedad civil por el Estadol. La burguesía tiene que imponer su dominación de clase sobre el conjunto de la vida económica, social y política, y el Estado va a encargarse de eso.

Frente a este cambio de periodo, los sindicatos van a convertirse en una fuerza de encuadramiento de la clase obrera, al servicio del capital.

«El Estado mantiene las formas de organización de los obreros (sindicatos) para encuadrarlos y mistificarlos mejor. El sindicato se convierte en un engranaje del Estado, y como tal, se interesa por desarrollar la productividad, es decir, por aumentar la explotación del trabajo. El sindicato fue el órgano de defensa de los obreros mientras la lucha económica tuvo un sentido histórico. Vaciado de su contenido antiguo, el sindicato se convierte, sin cambiar de forma, en un instrumento de represión ideológica del capitalismo de Estado y de control sobre la fuerza de trabajo.» («Sobre el capitalismo de Estado», Internacionalismo 1952, retomado en la Revista Internacional nº 21, 2º trimestre 1980)

Así el Estado se apropia directamente, o por medio de su policía sindical, de los diferentes fondos de socorro y mutuas obreras y vacía de su contenido político la noción misma de solidaridad obrera.

“ La burguesía retiró la solidaridad política de manos del proletariado para transferirla como solidaridad económica en manos del Estado. Al dividir el salario en una retribución directa por parte del patrón y una indirecta por parte del Estado, la burguesía ha consolidado la mistificación que consiste en presentar al Estado como órgano por encima de las clases, garante del interés común y de la seguridad social de la clase obrera. La burguesía había logrado vincular material e ideológicamente a la clase obrera al Estado...” ( Revista Internacional 115, pag 12).

No solamente la burguesía hace aparecer el Estado como defensor de las clases trabajadoras, sino que la tentativa de organizar los primeros seguros sociales también tiene por objetivo encuadrar al proletariado.

En la década de 1920-30, lo que impulsa el proyecto de asistencia social es la voluntad de instaurar la paz social a través de la participación de los obreros en la gestión nacional, como señala el informe Cerinda:

«En los consejos de administración de los seguros sociales se verán realizados el acercamiento y la colaboración fraternal de clases; asalariados y empresarios no defenderán intereses antagónicos; estarán unidos por un mismo pensamiento: combatir los dos grandes azotes de los trabajadores, la enfermedad y la miseria. Este contacto permanente preparará la asociación cada vez más estrecha del capital y del trabajo.» (Cita pag. 86 del libro de Bruno Palier, Gobernar la Seguridad social, ediciones PUF).

A pesar de esta voluntad política del Estado, de la patronal y los sindicatos, de poner en práctica este proyecto de seguros sociales obligatorios, hasta la IIª guerra mundial el Consejo Nacional de la Resistencia no tendrá a punto la organización del régimen general de la Seguridad social.

1945: la creación de la Seguridad social, una mistificación al servicio de la reconstrucción nacional

En el curso de la segunda carnicería mundial, la burguesía, consciente de los millones de víctimas que va a provocar el conflicto militar, y de las destrucciones y daños para la economía mundial, se aplica a dar una justificación moral a su propia barbarie.

«En un mensaje solemne al congreso pronunciado el 6 de Enero de 1941, el presidente Roosvelt fue el primero en dar una justificación moral al conflicto, asignándole esencialmente el objetivo de “liberar de la necesidad” a las masas. Ese movimiento culmina en mayo de 1944 con la declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, por la que los países miembros hacen de la realización de una verdadera seguridad social un objetivo prioritario de la posguerra. En consecuencia, la seguridad social ocupa un lugar importante en los fines de guerra definidos por los Aliados.» (Historia de la Seguridad social, 1945-1967, pag. 30, Bruno Valat, Ed. Económica)

Desde 1941, Inglaterra pone en marcha el desarrollo de subsidios familiares y el “plan Beveridge” en 1942; en plena guerra, crea una cobertura social estatal para sostener el esfuerzo de guerra y la moral de las tropas. En Bélgica, es en 1944 cuando se crea un sistema obligatorio de seguridad colectiva bajo control del Estado. De igual manera, a lo largo de los años 50 el “Generalisimo” Franco puso en marcha en España el desarrollo de un raquítico Estado “social”.

En Francia, mientras una parte de la burguesía está en el gobierno de Vichy(1), la otra parte, en el exilio, con el general de Gaulle a su frente, retoma esta preocupación y declara en Abril de 1942 en un mensaje solemne a la resistencia: «La seguridad nacional y la seguridad social son para nosotros objetivos imperativos y conjugados» (Bruno Valat, Idem). Tampoco es sorprendente que el programa de marzo de 1944 del Consejo Nacional de la Resistencia, donde son mayoritarios los estalinistas del PCF, reclame un plan completo de Seguridad social, que asegure los medios de subsistencia a todos los ciudadanos.

Así, lejos de ser una victoria obrera, lo que explica el origen de la generalización de los sistemas de protección social es sobre todo la capacidad de la burguesía internacional para preveer el encuadramiento del proletariado al final de la guerra con vistas al esfuerzo de reconstrucción. Los años de posguerra son terribles para las condiciones de vida del proletariado. Los salarios están bloqueados desde la guerra y la inflación es galopante, dopada por un mercado negro floreciente; las cartillas de racionamiento, que existen desde la ocupación, se mantienen hasta 1950, incluyendo la electricidad y la gasolina. La ración de pan, que es de 200 grs en el verano de 1947, sólo llega a 250 grs. en Junio de 1948. El producto nacional ese año (1948) aún es un 4% inferior al de 1938. A los bajos salarios y la penuria alimentaria se unen unas condiciones sanitarias deplorables y una demografía catastrófica. La mortalidad infantil en 1946 es de más del 84% y la población adolescente sufre raquitismo. Frente a esta situación, la burguesía sabe que no podrá reconstruir el capital nacional con una clase obrera tan debilitada, tanto más si se tienen en cuenta las pérdidas de vidas humanas de la guerra, que hacen que la mano de obra escasee. La creación de la Seguridad social y la asistencia médico-sanitaria es pues el medio de suministrar una fuerza de trabajo y mantenerla, conforme a las exigencias de la reconstrucción. A cambio de una sobreexplotación (la duración del trabajo semanal es de 44 h. en 1946 y 45 en 1947), el proletariado va a tener acceso a una cobertura social que le permita reconstruir su fuerza de trabajo. Pierre Laroque, alto funcionario encargado de poner en marcha la Seguridad social con la ordenanza del 4 de Octubre de 1945, es explícito respecto a sus objetivos, aunque envuelva la mercancía en un celofán humanista:

«El objetivo era garantizar a la masa de trabajadores, empezando por los asalariados, una seguridad en el porvenir. Esto iba parejo con una transformación social e incluso económica: el esfuerzo que se les pedía para poner en marcha la economía había de tener una contrapartida».

Como comenta Bruno Palier: «En 1945 se precisa también una inversión política inmediata, que ha de permitir obtener la participación de los asalariados en los trabajos de reconstrucción (...) Esta dimensión del plan francés de Seguridad social, contrapartida a los esfuerzos de reconstrucción (y a la moderación de los aumentos de los salarios directos), que aparece como una especie de contrato social de la Liberación» (id.)

Frente a las críticas de ciertos parlamentarios, que estiman demasiado importante el costo financiero de la Seguridad social, el socialista Daniel Mayer, ministro de trabajo en 1949, responde: «Todo industrial considera como normal y necesario consignar en sus gastos las sumas indispensables para el mantenimiento de su material. La Seguridad social, en gran medida, representa el mantenimiento del capital humano del país, que es tan necesario para los empresarios como las máquinas. En la medida en que la Seguridad social contribuye a conservar el capital humano, a desarrollar ese capital, aporta una ayuda a la economía que no habría que subestimar.» (Bruno Valat, Idem)

Por eso en un primer momento, la Seguridad social se reservará para los trabajadores asalariados, puesto que la burguesía cuenta con ellos para reenderezar el país, y se demorará para después la aplicación del régimen a la población no asalariada. Podemos calibrar pues la mentira de los sindicatos de que la creación del “Seguro” es una conquista obrera; cuando esta “concesión” se hace en realidad al precio de una sobreexplotación sin medida de la fuerza de trabajo. Así, en 1950, la industria francesa casi ha igualado el nivel de producción de 1929. Como en 1936, los estalinistas (PCF), gracias a su implicación en el seno de la resistencia, van a jugar un papel determinante en el enrolamiento del proletariado para la reconstrucción. Varios ministros comunistas van a estar presentes en el gobierno del general de Gaulle, llamando al proletariado por boca de su líder Thorez, a “arremangarse” para reconstruir el país y denunciando la huelga como “el arma de los monopolios”; igualmente, la CGT tendrá el monopolio de la presidencia de las cajas de seguro social hasta 1947 (ver nuestro folleto, en francés: Cómo el PCF pasó al servicio del capital). Después los otros sindicatos sucederán a la CGT.

El fin del Estado del bienestar

Si en los años que siguieron a la guerra, la Seguridad social va a ampliarse al conjunto de la población, desde el comienzo de los años 70, los primeros signos de la crisis económica hacen doblar las campanas por esas políticas sociales. La Seguridad social en sí no podía funcionar mas que en la medida en que el capitalismo podía garantizar el pleno empleo. El desarrollo del desempleo hace que los gastos sociales aumenten más rápido que el Producto interior Bruto (PIB). Frente a esta situación, la burguesía responde por medidas Keynesianas de relanzamiento del consumo, particularmente aumentando y creando nuevas prestaciones para familias sin recursos. Desde el punto de vista de la gestión del capitalismo, esas medidas van a aumentar de manera considerable los déficits públicos. De ahí en adelante, de 1975 hasta hoy, la burguesía no va a cesar de correr tras los déficits, destacando particularmente el famoso “agujero del Seguro”, que parece un pozo sin fondo, a pesar de los aumentos permanentes de las cotizaciones sociales y de las repetidas disminuciones de las prestaciones sociales. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, los gobiernos sucesivos de derecha e izquierda van a hacer gala de un ingenio sin límites para inventar todo tipo de impuestos (alcohol, tabaco, gasolina), y crear nuevas cotizaciones (CSG), que se acompañan de múltiples recortes sucesivos, tanto de las prestaciones sanitarias, como de las pensiones y los subsidios de desempleo. ¡El balance es inapelable! No sólo la clase obrera que aún tiene trabajo ve recortada una parte cada vez más importante de su salario para financiar los déficits y para pagar mutuas complementarias, sino que además el sistema de prestaciones se degrada, tomando en cuenta las reducciones de efectivos en el sector de la sanidad y los repetidos planes de austeridad. Para el resto de la clase obrera y de la población, la perspectiva es más pauperización y exclusión social.

Así, lejos de ser una conquista obrera, la Seguridad social es, al contrario, un órgano de encuadramiento estatal real. Como los sindicatos participan en la gestión de los seguros de enfermedad junto a los patronos, y también en la de las pensiones y los subsidios de desempleo, esa gestión paritaria genera la ilusión de que se puede hacer una política que va en el sentido de los intereses de los trabajadores (2).

Más que nunca, los nuevos ataques a las prestaciones sanitarias significan la quiebra del capitalismo, el fin del Estado del bienestar y del mito de una cobertura social “de la cuna a la tumba”. Si los revolucionarios somos solidarios con nuestra clase frente a los ataques, tanto al salario directo como al salario social, al mismo tiempo denunciamos con virulencia el mito de una Seguridad social producto del Estado que estaría por encima de las clases sociales y velaría por el bienestar de los obreros. La preocupación del capitalismo en 1945 era tener una mano de obra con buena salud, para llevar a cabo la reconstrucción. En 2004, ante una reserva sin fin de mano de obra, el capitalismo tiene que sacrificar una parte creciente de proletarios para mantener a bajo coste el precio de la fuerza de trabajo, aunque sea a costa de dejar morir a los demás.

«No es necesario señalar que, si la sociedad socialista defiende al individuo contra la enfermedad o los riesgos de la existencia, sus objetivos no son los de la Seguridad social capitalista. Esta sólo tiene sentido en el cuadro de la explotación del trabajo humano y en función de ese cuadro; no es mas que un apéndice del sistema.» (Internationalisme 1952, Op cit, retomado en la Revista Internacional nº 21)

Donald (20 de Junio)

Artículo traducido de Revolution Internationale, Julio 2004, publicación en Francia de la CCI.

(1)El discurso de presentar el gobierno de unión nacional de 1945 de la “Liberación” en ruptura política con el régimen de Vichy, es pura mentira. No sólo los partidos de la resistencia, reagrupados alrededor del general de Gaulle, van a retomar lo que a nivel social existía con Petain (tomado del modelo alemán de Bismark) y ampliarlo, particularmente la creación de una pensión para los trabajadores viejos y los subsidios familiares (medidas adoptadas al final de la 3ª República), sino que son los mismos altos funcionarios y la misma administración de Vichy los que pondrán en marcha la Seguridad social. Cualquiera que sea el régimen, la continuidad del Estado capitalista está siempre preservada (ver respecto a esto el libro de Robert O. Paxton, La France de Vichy, 1940-44, éditions du Seuil, pag. 309)

(2)No sólo los sindicatos son un engranaje del Estado; además viven de forma parásita a expensas de la clase obrera. De hecho una de las razones por las que los sindicatos se aplican tanto a preservar su participación en la gestión de las prestaciones sociales, es que el Estado les entrega las subvenciones consecuentes para eso, gracias a las múltiples cotizaciones que pagan los obreros. «El maná del seguro de enfermedad también toma una forma contante y sonante. El conjunto de los participantes recibe créditos a título de gastos para la formación de administradores y de secretaría técnica, y además los sindicatos cobran fondos para la formación en cuestiones de Seguridad social. En 1994, según cifras del tesoro nacional, la CGT ha recibido 10 millones de francos, FO 9,9 millones, la CFDT 9,3 millones, la CGC 6,2 millones y la CFTC 5,6 millones (con cerca de 3 millones para la patronal). En total, de 1991 a 1994, la CNAM ha derivado 181,7 millones a los agentes sociales, sin gran control sobre su utilización...» (Les Echos, 28 Junio 1995)